En un país donde las leyes son más sugerencias que pautas para un estado de derecho, podrá imaginarse el general nulo interés por el proceso legislativo. Al fin y al cabo, que se cumpla la ley… en las mulas de mi compadre.
Aun así, en abril pasado transitaron desaliñadamente más de 20 reformas a la vida nacional. Desaliñadas no por contenido, pero por proceso legislativo. Menos de 10 minutos para aprobar cada una, sin leer materiales, en una sede alterna al Senado —con senadora cachirul— y sin considerar los procesos legislativos apropiados.
La Suprema Corte atrajo y recibió decenas de controversias el año pasado —aceptando un generoso puñado de ellas— por lo que se espera que en cuestión de semanas se comience a desgranar la mazorca de polémicas. Una de ellas fundamental para el campo nacional, la extinción de Financiera Rural.
La desaparición de uno de los principales prestamistas agropecuarios del país se hizo al ritmo del uno-dos-tres de la 4T. Primero, generarle un entramado de corrupción para adquirir una cartera vencida de casi treinta por ciento, partiendo de siete. Segundo, decir que el organismo es corrupto y sus funciones debería hacerla alguien más (en este caso Telégrafos de México, no es broma). Y tercero, desaparecer todo de plumazo vía un cambio a la ley.
Si bien el estire-y-afloje de esta legislación es importante, el miércoles pasado se emitió un juego de reformas a la Ley Federal del Trabajo y la del Seguro Social que apuntarían a transmutar al campo mexicano en algo que nadie le alcanza a ver forma final.
Sin duda existe una deuda histórica en el sector primario, donde el trabajo se destaca por lo informal y carente de seguridad social, pero legislar sin apego a la realidad es peor que no hacer nada.
Por ejemplo, se fijarán los salarios mínimos profesionales de las personas trabajadoras del campo con un nuevo parámetro: «la naturaleza esencial de los trabajos para la seguridad y soberanía alimentaria del país». ¿Qué significa esto? Lo que uno quiera, ya que la ambigüedad es mucha.
La tirada es obvia, pues el presidente intentaría que los salarios de los pequeños productores fueran más altos, aunque sean principalmente de autoconsumo y apenas y contribuyan mínimamente a la seguridad alimentaria del país.
Unas reformas, pese a sus buenas intenciones, no tienen asidero con la triste realidad. Como forzar a que las condiciones laborales sean redactadas en un contrato firmado, o deslindar de obligaciones laborales al personal reclutador, para evitar que el patrón final se lave las manos. Para arreglar problemas así hay que arreglar el tinglado socioeconómico de cómo trabaja y se alimenta el país, no el 282 de la ley federal del trabajo.
Otras reformas, son el tristísimo reflejo de la realidad. Como el artículo que consagra la necesidad gratuita de otorgar habitaciones dignas a las personas trabajadoras del campo. El pobre apartado ha sufrido cambios en 2012, 2019 y 2024, donde en cada reforma se ha tenido que deletrear lo que significa digno. Ahora resaltando que debe tener piso firme, ahora subrayando que las construcciones deben ser seguras o contar con agua potable. Y aunque es mejor preferir la soberanía de la ley a la de los ciudadanos, cuidado con ir al campo mexicano con eso de que la ley es la ley.
