En el engranaje burocrático mexicano la justicia y la ciencia danzan a ritmos de una melodía disonante. Los casos legales del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) son ejemplo de una sinfonía de despropósitos y desaciertos.
La Fiscalía General de la República ha cosechado un nuevo revés, esta vez en el terreno de la ciencia y la tecnología. Aquella encrucijada legal que sostenía con ahínco contra 31 científicos e investigadores del consejo ha llegado a su epílogo, marcado por la desestimación definitiva de las acusaciones. En un veredicto que sienta precedente, se ratificó la cancelación del proceso penal, poniendo fin al embate legal que, en su momento, acusaba de corrupción al haber movido recursos a una asociación civil para ejercer los recursos de un apoyo del consejo.
Este caso es un chisguete en un océano de conflictos legales que rodean al mundo académico y científico en México. La entrada en vigor de la Ley General en Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación ha dejado a muchos investigadores en vilo, especialmente aquellos que dependían del apoyo de CONAHCYT en instituciones privadas.
La polarización del presupuesto en favor de las instituciones públicas ha dejado a estos investigadores en una encrucijada, obligados a recurrir a artimañas legales o a buscar refugio en universidades estatales para poder mantener sus proyectos a flote. Los amparos presentados contra esta ley, si bien ofrecen una luz de esperanza, se encuentran paralizados en un limbo judicial, a merced de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En medio de este caos legal, se vislumbra un patrón preocupante: el menosprecio hacia la labor científica y académica por parte de las autoridades. Mientras no favorezcan al poder.
Apenas un grupo de científicos —muchos relacionados a la UNAM— publicó un informe criticando la muerte en exceso durante la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra lo que él denomina "seudointelectuales" del pasado régimen, señalando directamente a la UNAM como un refugio para algunos de estos individuos.
En este laberinto de litigios y desencuentros queda claro que la justicia y la ciencia no pueden ser rehenes de agendas políticas o caprichos ideológicos. Vea si no el caso del Gran Telescopio Milimétrico, en Atzitzintla, Puebla, que corre el riesgo de quedarse sin presupuesto a partir de agosto.
El consejo recomendó a los investigadores buscar a los equipos de transición y solicitar financiamiento, pues queda claro que María Elena Álvarez-Buylla, titular actual de CONAHCYT, busca desentenderse de los problemas y patearlos a los próximos responsables. Que ellos ya se van. Y eso con el instrumento de ciencia más caro del país, imagínese el resto.
