En México, la violencia ha dejado de ser una sombra para convertirse en el sol que todo lo quema. No hay rincón de la economía ni sector de la vida nacional que esté a salvo de su abrasador toque, siendo los sectores comercio y agroindustrial los más manoseados.

La violencia ha escalado a niveles insospechados, alcanzando lugares que antaño parecían intocables: las cúspides organizacionales. Ahora llega a niveles antes intocables, afectando a empresarios y empresas que, en la retorcida teoría social de nuestro país, estarían protegidos por el volumen de sus posiciones y acuerdos.

El pasado viernes, los 191 Oxxos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cerraron sus puertas. No fue un cierre preventivo; sino un acto desesperado ante la extorsión del crimen desatado. La violencia se atrevió a tocar a la mayor tienda de conveniencia de Latinoamérica.

Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, fue asesinado mientras trataba de coordinar una respuesta con el ejército, que había enviado cien efectivos para intentar calmar la zona.

Almanza había denunciado recientemente las extorsiones a comercios, además de solicitar al Gabinete Nacional de Seguridad que sesionara en Nuevo Laredo para escuchar las preocupaciones de los empresarios de la frontera. Su muerte no sólo silencia una voz crítica, envía un mensaje aterrador a quienes se atreven a alzarla.

No es un caso aislado. La ejecución de Minerva Pérez Castro, semanas antes, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras de Ensenada, Baja California, resuena con la misma brutalidad. Pérez Castro había sido una defensora vocal contra las extorsiones y el cobro de piso que afectan al sector pesquero.

El asesinato de líderes ganaderos, cañeros, critricultores, mayoristas de frutas y verduras, y demás, son el pan de todos los días de este país y este estado. Pero la eliminación sistemática de líderes no sólo desestabiliza la economía, sino que desintegra el tejido que negocia. Es equivalente a declarar el fin de los acuerdos que, de manera perversa, han sostenido un narcoestado que, al final del día, sigue siendo un estado.

Para nadie es sorpresa que ciertos sectores formales de la economía tengan que negociar con el crimen organizado para coexistir. Este fenómeno, repulsiva realidad de nuestro tiempo, es un indicio claro del estado medieval mexicano en el que vivimos, donde las normas son dictadas por quienes tienen el garrote más grande. Un nuevo orden, donde la violencia no solo es una herramienta de poder, sino el poder mismo.

7 Fobaproas, no menos, 5

El día de ayer, la Secretaría de Hacienda hizo uno de los malabares más ágiles del sexenio, aventando por el aire el 48.6% del PIB como deuda pública, atrapando la siempre brillante pelota de “bajar la deuda externa del FOBAPROA”.

FOBAPROA fue una medida implementada corruptamente para salvar el sistema bancario, pero necesaria para mantener el país a flote. Los datos de ayer nos dicen que el gobierno ha contratado deuda equivalente a cinco FOBAPROAS, o menos, siete, pues depende mucho de cómo se haga el cálculo, para gasto asistencial.

Queda claro que el secretario Ramírez de la O fue obligado a esta pantomima, pues, enfrentado a la realidad, suele no tener empacho en decir los números como son. Como su declaración de inicios de mes, donde aceptó que la extinción de Financiera Nacional Rural, Forestal y Pesquero (FND) el año pasado, “dejó un hueco muy grande de crédito al productor”; eso, o el campo le vale gorro a todo mundo y por eso menos de 6 de cada 100 campesinos mexicanos estaban incluidos financieramente… antes de extinguir FND.