La Reforma Judicial se aprobó en el Senado o para ser más precisos, el inquilino del Palacio Nacional torció tanto la justicia que doblegó a un Judas y detuvo al padre de un senador, para garantizar que su capricho presidencial se consumara.
El proceso legislativo de esta Reforma Constitucional está plagado de irregularidades. En la sede alterna de la sesión de la Cámara Baja lo mismo se acusó la falta de quórum que una votación dudosa.
Ayer en el Senado, al igual que con los diputados, fue necesario sesionar de noche y en una sede alterna ante las protestas de cientos, miles de ciudadanos que advierten el enorme riesgo que representa esta reforma que no garantiza una mejor impartición de justicia y que nació con fórceps.
Si el Estado de Derecho prevaleciera en México, estaríamos ante una posible acción de nulidad, con base en la comisión de delitos para obtener, bajo presión, una votación a modo en el Senado.
Dejando a un lado lo increíblemente rápido que se reparó el daño cervical de Miguel Ángel Yunes Márquez, el asunto del padre e hijo tiene implicaciones penales y de principios de derecho.
No será difícil para los especialistas probar que se ejerció violencia psicológica para obtener, de manera ilícita, el voto a favor de la Reforma Judicial. Las pruebas mostrarán que el Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo utilizaron todos los recursos a su alcance para conseguir el voto de un Judas y la ausencia de otro Senador y así obtener la necesaria mayoría calificada, para concretar el capricho lopezobradorista.
La “manita de puerco” que les aplicaron a los senadores Yunes Márquez y Daniel Barreda, con el amago de prisión para ellos y sus familiares, podría ser el equivalente a una extorsión para obtener un lucro político.
Para que un voto sea reflejo de una voluntad y por ende válido, éste se deberá dar sin presiones. Uno obtenido bajo coacción no podrá considerarse como válido.
Así que, en caso de que se demuestre que el voto de Yunes a favor de la Reforma Judicial se dio en medio de presiones y amenazas, la votación que tanto celebró esta madrugada la 4T, del dictamen en lo general, simplemente sería nula.
Y las implicaciones, ya se sabe, serían varias. La más importante para el país: la reforma sería desechada por carecer de un proceso legislativo adecuado.
Ahondar en lo que establece el Artículo 390 del Código Penal Federal, de sancionar con dos y hasta ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa, a quien “obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio a la salud, patrimonial, a la libertad, y/o daño moral”; ya es ocioso porque independientemente de las sanciones penales, el procedimiento de votación estaría viciado de nulidad, por la forma en la cual se coaccionó a dos de los posibles votantes.
La presión contra los senadores pareciera el reflejo de las acciones del Rey de Francia Luis XIV a quien se le atribuye la frase “El estado soy yo” y quien reclamó para sí, el poder absoluto. Este miércoles 11 de septiembre, desde otro palacio, el Palacio Nacional alguien estará feliz, feliz y con la frase del Rey Sol en la punta de la lengua.
Ni más ni menos.
Dos a uno, los poblanos
La petista Lizeth Sánchez García y el morenista Ignacio ‘Nacho’ Mier Velazco votaron de viva voz a favor de la Reforma Judicial.
El priista Néstor Camarillo Medina se posicionó en contra.
Así quedó el registro para la historia.