A veces los hilos del poder económico y político en México se entrelazan de formas que resultan difíciles de entender, pero imposibles de ignorar. El caso de Altagracia Gómez, mega empresaria del maíz heredera de MINSA (la de las tortillas), íntimamente ligada a Claudia Sheinbaum, es un ejemplo elocuente de esos enredos que amenazan con empañar el supuesto cambio de régimen. Que la tortillera favorita del Ejecutivo esté tan cerca del poder es un conflicto de interés de proporciones monumentales.
Es ahí donde entra la COFECE, ese organismo que aún sobrevive en la peligrosa cuerda floja de los órganos autónomos, con la espada de la austeridad republicana encima. Apenas hace unos días, se anunció una investigación contra GRUMA por prácticas anticompetitivas, lo que hizo temblar los mercados y desplomó sus acciones en cuestión de horas.
Uno de los dos atlantes de la tortilla, el otro MINSA, que hasta hace poco parecía intocable, de repente enfrenta el embate de una autoridad que —en tiempos de purgas y reacomodos— le ordena desincorporar 5 de sus 18 plantas. Las de Veracruz, Celaya, Culiacán, Río Bravo y la joya que es Chalco.
¿Qué motivó a la COFECE, basado en unas cuentas chabacanas, a levantar el dedo contra GRUMA justo en este momento? Entre las teorías más llamativas está la posibilidad de que este movimiento, aunque legítimo en motivaciones, haya sido impulsado o facilitado por la cercanía de Altagracia con el círculo presidencial.
Las especulaciones no son menores. Si bien no hay pruebas directas que sugieran que Altagracia haya movido un dedo para perjudicar a su competidor, el simple hecho de que su posición privilegiada pueda generar dudas sobre la imparcialidad de las instituciones ya es un problema en sí mismo.
Si COFECE ha decidido actuar en este caso, ¿ha sido realmente en beneficio de la competencia y del mercado, o acaso ha habido una intención —sutil o no— de agradar a alguien cercana a la presidencia en un intento de asegurar su supervivencia en este periodo de ajustes y cortes de cabeza de organismos autónomos? Esta teoría sería igual de escandalosa, justificando fines con medios.
En el fondo, el problema radica en la concentración de poder en manos de quienes no solo son los más experimentados en el manejo de sus empresas, sino también los que, por cercanía política, tienen la capacidad de moldear las reglas del juego a su conveniencia. Es un círculo vicioso que, lejos de romperse, parece alimentarse con cada nuevo nombre que se suma a las filas de quienes se sientan al lado de la presidenta.
Y si aún quedaba espacio para la perplejidad maicera, las recientes declaraciones de la senadora de Morena por Chiapas en la Comisión de Agricultura del Senado parecen un regalo a la sátira política.
Imagine la escena, la senadora irrumpiendo con una teoría sobre el maíz transgénico que descoloca tanto a oficialistas como a opositores. Entre sus argumentos, revelados con la solemnidad propia de una verdad revelada, Edith López Hernández advirtió que «Baja nuestro nivel de fuerza, pues altera nuestras defensas como seres humanos», construyendo su caso con la seguridad de quien se enfrenta a un formidable enemigo invisible.
Luego, conectó los puntos con la lógica que le otorga el conocimiento popular: «A veces, al alimentar con maíz nativo a las gallinas y luego venderlas al mercado, las mujeres compran el pollo en kilos o gramos que es más barato, y por eso reduce… y por eso hay más cesáreas» (¿?) Un silogismo que desafía no solo a la ciencia, sino a la semántica y la razón al mismo tiempo.
En fin, mientras las tortillas se siguen cocinando a fuego lento en los círculos del poder, nosotros solo podemos observar cómo los ingredientes de esta mezcla sexenal —con bastante gorgojo todavía— se va amalgamando, con todos listos para meterle la mano a la masa.