No importa cuándo lo lean, Antorcha Campesina ha chantajeado a decenas de gobiernos estatales y municipales para conseguir desde servicios públicos hasta obras y concesiones en el transporte público.

Al margen de la ley, sus líderes lo mismo alebrestan a sus agremiados para invadir terrenos, con la promesa de darles un día el título de propiedad, que para el cierre de vialidades.

Sin embargo, en esta ocasión hemos escuchado a un gobernador frontal que ha sido muy claro al decirles que su administración no está dispuesta a ceder.

Incluso, como lo comentamos ayer en este mismo espacio, la secretaria de Movilidad y Transportes, Silvia Tanús, ha recomendado a los propios choferes y concesionarios que no se dejen envolver por las promesas o amenazas de Los Antorchos.

Aclaró que la SMT no ha entregado concesiones a nombre de la agrupación que también sueña con convertirse en partido político.

En julio de 2020, escribí sobre la intentona que tuvo Antorcha Campesina para hacerse de las bases de taxis pirata que operan en Lomas de Angelópolis ante la gran demanda de transporte público que existe en la zona.

Casi cinco años después, la agrupación que comanda Aquiles Córdova Morán se ha hecho de un derrotero y hasta de la marca Movilomas, sin embargo, continúan con el dedo puesto sobre los sitios que originalmente pelearon. Y cuando digo pelearon, es literal, en esas fechas la agrupación ocasionó un par de grescas donde palos, piedras y hasta algunos bats salieron a relucir.

No sorprendería que en breve comiencen a radicalizar sus protestas para obtener toda una carta a los reyes magos, sin embargo, el escenario ha cambiado y no se vislumbra, al menos en el corto plazo, ni una sola posibilidad de diálogo con una de las agrupaciones que más daño le ha causado al estado.

Por el contrario, la aplicación de la ley y con ello, la detención de sus líderes, se asoma cada vez con más fuerza.

¿Seguirán jugando a las vencidas?

Veremos y diremos.

La toma del Congreso

Durante ocho horas, la puerta de acceso al Poder Legislativo se mantuvo cerrada. Pobladores provenientes de la región de Ciudad Serdán y Tlachichuca decidieron impedir el libre tránsito de quienes estaban en el Congreso.

Los acarreados, en camiones que los trasladaron de ida y vuelta a su región, exigían, en una franca violación a la ley, la liberación de los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra.

Ambos alcaldes en funciones, como se recordará, fueron detenidos junto con su padre el viernes pasado. Se les presume responsables de delitos como extorsión, asociación delictuosa y secuestro. Ayer mismo a Uruviel se le vinculó a proceso.

La protesta, histórica, por ser la primera que se realiza en el nuevo recinto, también deja dudas en el aire, la más importante: ¿Quién pagó la movilización?