Donde salieron de Guatemala para entrar en Guatepeor, es en el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, luego que extrabajadores denunciaran presuntas irregularidades en el organismo estatal.
Y es que los exempleados afirmaron que fueron despedidos de manera injustificada para que la directora, la exdiputada, Michaelle Brito Vázquez, colocara supuestos allegados y, así, pagar diversos favores políticos del pasado.
Se habla que la titular del ITEA habría despedido a 60 trabajadores para ir construyendo una candidatura al ayuntamiento de Tlaxco, en el 2024.
Los inconformes afirman que estos operadores tienen la encomienda de posicionarla y estar en el jugo de las candidaturas.
Por cierto, cuentan los que saben, que a expensas de sus jefes estatales, sembraría el terror en el ITEA, a costa de sus propios intereses.
¿Sabrán en Palacio de Gobierno todo lo que sufren los trabajadores y cómo actuaría Michaelle Brito Vázquez? (LS)
Abasto de medicinas al saco roto de la 4T
Mientras la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, ha afirmado en varias ocasiones que en el estado no hay falta de medicamentos, lo cierto es que públicamente quedó mal parada luego que un profesional de la salud señalara lo contrario.
Mientras la mandataria visitaba el Hospital General Regional de Tzompantepec, más de uno sufrió un momento incómodo cuando personal médico reclamó la falta de medicinas, en pleno cambio del Sector Salud al régimen IMSS-Bienestar.
Más allá de las afirmaciones estatales, actos así apuntan a lo obvio: ¿en qué más estaría mintiendo el gobierno?
Ya sabemos que la seguridad es el “talón de Aquiles” de su administración, además los escándalos por conflicto de interés, por citar algunos, pero, ¿amerita el rubro de salud sacar la lupa?
Es evidente que mientras el órgano de Salud fue operado directamente por el doctor Rigoberto Zamudio, este camino mucho mejor que cuando se anunció la llegada el IMSS Bienestar a Tlaxcala. (LS)
Represión y la promesa en el aire
Habrá que hacerle “marcaje personal” a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que en verdad cumpla su promesa de no ejercer actos represivos durante las manifestaciones en el estado, especialmente en Tlaxcala capital.
Y es que luego que recientemente ha sido común ver a elementos estatales deteniendo manifestantes y custodiando movilizaciones, el titular de la dependencia, Raúl Ruíz García, juró y perjuró que habrá garantías para los participantes.
Es lo mínimo que se espera de la autoridad, pues la libre manifestación es un derecho y, si bien, causa escozor por reclamos de falta de compromisos y promesas cumplidas, lo cierto es que son una necesidad.
Fácil, porque ante el discurso oficial de “todo está bien” y “no pasa nada”, urge un equilibrio que marque los límites entre las palabras y los hechos, algo que parece olvidarse cuando el aparato estatal se enfrasca en el clásico “quien no está conmigo, está contra mí”.
¿O me equivoco? (LS)