En una evaluación de los casos registrados, afirmó la comunicadora, en la mayoría de los hechos conocidos públicamente se encuentra apatía de las autoridades poblanas, “no hay respuesta a las denuncias presentadas y tampoco hay interés por garantizar la libertad de expresión en todo el territorio poblano”, pero además, la Casa de los Derechos de Periodistas encuentra la misma actitud en los colegas, que tienen temor de denunciar a las autoridades municipales y estatales.
Ante eso, la activista poblana reiteró el llamado al gobierno del estado de Puebla para que a la brevedad redoble los esfuerzos para generar la normatividad necesaria y para garantizar el trabajo de los informadores y de los defensores de derechos humanos, “tema donde falta mucho por avanzar en el estado de Puebla y en el que otras entidades federativas dieron pasos firmes”.
Lo que reveló Claudia Martínez Sánchez es que la mayoría de los estados del país trabajan en el tema de la libertad de expresión; esto, luego de la aprobación de una reforma de ley de derechos humanos federal, que dice que los estados del país deben garantizar la libertad de prensa pero también tienen que brindar los recursos para proteger las garantías de los periodistas, comunicadores en general y defensores de derechos humanos, “algo que es una obligación en el país y que en Puebla todavía no se trabaja”.
La encargada del Enlace de la Casa de los Derechos de Periodistas en Puebla aseguró que hace falta que los directores de medios de comunicación y de empresas periodísticas en general hagan mayor conciencia de la importancia de defender a sus trabajadores, porque el riesgo es permanente para los comunicadores, periodistas y defensores de derechos humanos, “son crecientes las amenazas, el hostigamiento, las agresiones físicas y psicológicas, pero lo peor de los casos es que los principales agresores son funcionarios públicos”, particularmente presidentes municipales y jefes de seguridad pública de los ayuntamientos.