El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que seis personas murieron y varias más quedaron heridas, durante un enfrentamiento ocurrido en Jolalpan entre un cártel y un grupo de autodefensas, entre las 14:00 y 15:00 horas del miércoles.
“Se habla de un cártel que funciona en Guerrero y que invade territorio poblano en esa zona limítrofe de la Mixteca poblana (…) y del otro lado, (el) autodenominado 'Fuerza Territorial Poblana que, salvo que de estas investigaciones resulte que tiene alguna acreditación legal, no son policías de ningún orden de gobierno”.
Explicó que las autoridades ministeriales ya investigan lo que podría haber sido una emboscada, además de que labora en la confirmación de los heridos, ya que se encuentran en distintos hospitales públicos y privados.
Indicó que de acuerdo con los datos con los que cuenta su gobierno, la “Fuerza Territorial Poblana” habría sido creada con las líneas de actuación dictadas por José Manuel Mireles, exlíder de autodefensas en Michoacán, cuando realizó recorridos por el país para enseñar el funcionamiento de estos grupos.
Al respecto, Barbosa Huerta consideró que es inadmisible la existencia de grupos armados particulares que tienen la intención de funcionar como policías.
“Es inadmisible para la vida institucional del estado la existencia de grupos armados de particulares que actúen como fuerzas del orden, es inadmisible porque hay muchas formas de deformar el comportamiento de una persona cuando tiene un arma”.
Reiteró que su administración no está del lado de los grupos delincuenciales, entre ellos los cárteles que invaden territorio poblano desde los estados vecinos.
“Tendrá que haber una estrategia muy específica para tratar este caso por parte de los tres órdenes de gobierno. El gobierno del estado quiere compartir esta estrategia con el ejército, con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República y, desde luego, con la Fiscalía General del Estado y las policías municipales”.
Finalmente, Barbosa Huerta resaltó que su administración no permitirá que se sustituya la vida institucional en materia de seguridad pública por ningún grupo ciudadano armado.