Además, aseguró el Órgano Legislativo esperará el resolutivo del Poder Judicial para determinar si el auditor superior Víctor Manuel Hernández Quintana, o personal del OFS incurrieron en el robo de documentación oficial.
La Gran Comisión —dijo— tiene facultades para actuar, aunque por el panorama que se presentó es necesario actuar con estricto apego a derecho, cuidando el proceso jurídico, respetando los derechos de los trabajadores, sus garantías individuales y se está haciendo.
“Primero se tiene que comprobar que los documentos se hayan sustraído indebidamente, pues no se puede cometer un atropello; pero si los documentos efectivamente se sustrajeron de manera indebida, esto dará procedimientos administrativos e incluso procedimientos de orden penal.”