Dependencias del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, como estrategia para bloquear las solicitudes de información por medio de la ley de acceso, están poniendo la mayoría de los datos in situ o a disposición.

Periodistas, ciudadanos y especialistas en transparencia, así como los integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), han señalado que está práctica es la constante.

Inclusive, con el proceder o la práctica de las dependencias se podía invocar el artículo 97 de la ley de transparencia, que marca la mala fe o dolo en la falta de entrega de información.

Tan sólo entre tres personas o solicitantes se han interpuesto hasta 40 recursos de revisión o quejas por el cambio en la modalidad de entrega.

A pesar de haber detectado esta práctica que obstaculiza a los solicitantes, el organismo garante de la transparencia ha dado la razón mediante resolutivos a las dependencias morenovallistas.

Ahora en gran número de solicitudes los ciudadanos tienen que acudir personalmente a recoger lo solicitado, alegando las dependencias que no cuentan con la información de manera digitalizada, aunque posteriormente se ha comprobado en algunos casos que es mentira.

Por ejemplo, en octubre de 2012 Intolerancia Diario realizó un ejercicio periodístico solicitando cifras de despedidos en 30 dependencias.

En 14 de las que entregaron la información, 12 contaban con los datos digitalizados a pesar de que se había asegurado que no existía de esta manera, por lo que se pedían a disposición.

Las UAAI buscaron argucias legales en la ley de transparencia, al poner a disposición la información o sea que el solicitante tiene que acudir a sus oficinas personalmente a revisar o recoger la información.

El pretexto fue el mismo: “no contamos con la información digitalizada”. Con esa excusa no fue enviado vía Infomex o internet.

Pero la sorpresa no fue tan grande, cuando las oficinas gubernamentales se entregaron papeles realizados en computadora.
La digitalización existía y desnudó la orden del bloqueo proveniente de un misterioso correo electrónico enviado desde la Secretaría de Contraloría —revelaron algunos encargados de las UAAI— con la encomienda de hacer complicada la entrega.

El obstáculo
Esta situación la están sufriendo tanto reporteros como ciudadanos que solicitan información, a quienes inclusive se les pone a disposición la información, aunque no residan en el estado de Puebla o no se compruebe fehacientemente donde vivan.

Entre la información que se obstaculiza la entrega se encuentran acuerdos de reserva de cada secretaría de Estado, registros de alimentos, enseres, despedidos, prestaciones del SNTE.

Asimismo, el proyecto de impacto ambiental del Sistema Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), desglose los gastos para el segundo informe de labores en el pago de infraestructura, así como altas y bajas de derechohabientes del ISSSTEP.

Por ejemplo, la reportera Shanick David, del medio digital e-consulta, realizó una solicitud a 16 dependencias del gobierno estatal solicitando sus acuerdos de reserva, sin embargo cada una de ellas se los puso a disposición.

Este domingo interpuso sendos recursos de revisión ante la CAIP por el cambio de modalidad en la entrega de información.

En un caso muy representativo de la misma reportera, le fue sobreseído un recurso de revisión contra la Secretaría de Salud, dependencia que entregó tras seis meses la información.

El expediente fue el 184/SSA-07/2012 y solicitaba a la dependencia, a cargo de Jorge Aguilar Chedraui, detalles sobre la adquisición de unidades médico-dentales, su costo, empresa con quien se hizo la compra y la fecha de la misma.

La información fue entregada en una ampliación de la misma vía electrónica, pues en un primer momento aseguró al recurrente que lo solicitado debería ser consultado in situ por tratarse de un gran volumen de información.

Al respecto, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena planteó en la sesión estar de acuerdo en el sentido de la resolución y reiteró que es recurrente el hecho de que los sujetos obligados entreguen la información requerida hasta seis meses después de hecha la solicitud.

La comisionada hizo la observación de quizá recurrir, en este caso, al artículo 97, fracción segunda, de la ley de transparencia, que señala la negligencia, dolo o mala fe en no entregar la información, lo que se ha comprobado con el proceder.

Ante esta situación, el comisionado presidente Javier Fregoso Sánchez refirió que se analizará esta práctica que se ha presentado en algunos sujetos obligados, siempre para proceder a favor de los ciudadanos recurrentes.

Asimismo, el reportero del periódico La Jornada de Oriente, Arturo Alfaro, le han puesto a disposición distintas solicitudes, sobre todo de temas educativos, lo que ha sido un obstáculo para la transparencia.

Asimismo, el estudiante Diego Salazar Ulloa ha sufrido constantemente de los cambios de modalidad, tras la solicitud de información.

Recientemente, informó a Intolerancia Diario, interpuso cuatro recursos de revisión por el cambio de modalidad de entrega, el que —alega— no fue comprobado fehacientemente.

Los recursos de revisión son contra la ST, al solicitar la información de impacto ambiental del Sistema RUTA; a Secotrade, por los gastos de informe en logística; a Secretaría de Salud, por despidos y al ISSSSTEP, a quienes se les consultó las altas y bajas desde 2011.

Tortuoso camino
Por su parte, Leyla Zarai de la Fuente Zárate, reportera del portal especialista en temas de transparencia Con los Ojos Abiertos, auspiciado por la Universidad Iberoamericana campus Puebla, relató el trámite tortuoso cuando se pone in situ la información.

“Al solicitar la información referente a las concesiones otorgadas a empresas de transporte público en el estado, la dependencia (Secretaría de Transportes) no respondió a la solicitud como se le pidió señalando que la información no se encontraba digitalizada, por lo cual tenía que presentarse en las oficinas.

”(…) el primer reto fue localizar las oficinas de la Secretaría de Transportes y una vez ahí, al buscar la oficina de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información me recibió una recepcionista claramente hostigada por el hacinamiento de personas, desconocía qué es una consulta directa y a dónde debía requerir la información.

”Después de que me ubicaron en la oficina correspondiente, me atendieron muy amablemente dos secretarias, las cuales solicitaron la presencia de las dos personas que se encargarían de dar la información a una servidora y me pidieron que esperara, ya que la información solicitada no la tenían preparada.

”Una vez terminada la espera, que por cierto fue de alrededor de 30 minutos, tuve que entregar mi credencial de elector para comprobar mi identidad, tras lo cual me entregaron un documento impreso de aproximadamente seis cuartillas donde aparecían las preguntas que había elaborado con sus respectivas respuestas, en un formato similar al presentado en las respuestas de información vía electrónica.

”Sin embargo, al intentar retirarme con el documento impreso, me señalaron que no podía llevármelo y sólo podía hacer anotaciones del archivo. Tomé asiento y empecé a redactar en una libreta los datos que había solicitado.

”Después de haber tomado las notas correspondientes, me pidieron que firmara un documento que habían llenado con los datos de mi credencial de elector, en el cual se acreditaba la entrega de la información solicitada y con ello se dio por finalizada la consulta.

”Cabe resaltar que todo el procedimiento (traslado, tiempo de espera y tiempo de consulta) de la consulta in situ en la Secretaría de Transportes me tomó aproximadamente cuatro horas donde, como lo había señalado anteriormente, tuve que ausentarme de otras actividades e incluso me impidió acudir a realizar otra consulta directa con Carreteras de Cuota-Puebla.”

Al archivo
Cabe destacar que la CAIP, en el mes de febrero, desechó 16 recursos de revisión de Intolerancia Diario, luego de que ese número de dependencias cambiaron la modalidad de entrega de la información solicitada poniéndola a disposición.

En la más controvertida de las resoluciones de lo que va de 2013, por mayoría de votos resolvieron los comisionados Fregoso y González Magaña sobreseer dos recursos de revisión por considerar que fueron interpuestos a destiempo.

Estos dos comisionados votaron a favor de que no se entregara cifras de despedidos en 16 dependencias del gobierno de Rafael Moreno Valle, tras respectivos recursos de revisión.

Cabe destacar que por cuestiones administrativas se juntaron 14 recursos de revisión en uno solo y dos más en otro, al tratarse del mismo tema.

Los “Sujetos Obligados” manifestaron que los recursos eran improcedentes debido a que se presentaron de manera anticipada a los términos que establece la ley de transparencia.

Una vez que le notificaron al recurrente que podía consultar la información solicitada in situ y para ello tenía 15 días hábiles posteriores a su consulta y los recursos de revisión los presentó cuando le hicieron de conocimiento la puesta a disposición de la información.

Pero la comisionada Blanca Lilia Ibarra consideró que los “Sujetos Obligados” cambiaron la modalidad de entrega de la información, toda vez que fue solicitada por vía electrónica, por lo que los recursos se presentaron en tiempo y forma.

Por lo tanto, afirmó que el recurrente siguió el procedimiento de acuerdo como solicitó la información, es decir, si la solicitó en medio electrónico y se la ponen a disposición en otra modalidad.

Pero los dos comisionados ignoraron olímpicamente los diversos argumentos legales de Blanca Lilia Ibarra y sobreseyeron el caso, lo que ha derivado en una serie de críticas a la CAIP.

La defensa
El comisionado de CAIP, Federico González Magaña, quien ha sobreseído gran parte de estos recursos, en entrevista justificó la entrega in situ al señalar que hay expedientes muy grandes imposibles de mandar, defendiendo en todo momento a las autoridades

—La práctica in situ o poner a disposición la información, es muy frecuente. ¿Qué está pasando ahí?

—No lo sé, los sujetos obligados seguramente tendrían más elementos para responder esto, pero lo que yo veo es que a veces los correos electrónicos tienen una capacidad limitada y los documentos, sobre todo los que se convierten en imágenes, porque los documentos que escaneo los convierto en imagen, ahora está el PDF, pero antes eran imágenes, las que eran muy pesadas.

”Entonces intentar adjuntar cinco o seis imágenes se vuelven muy pesadas, todavía sucede si tratas de adjuntar imágenes a Hotmail cuatro fotos de 16 megapixeles, es muy difícil que pueda transmitir el correo, me parece que por ahí va el asunto.

”Entiendo que la ley señala como opción preferente la electrónica, pero también hay una opción que dice que en la medida de lo posible.
”Nosotros hemos llamando mensajes en ese sentido, entonces en la medida en la que sea posible presentar la información por la vía electrónica, está comisión intentará que así se haga.

”Pero cuando dentro de un recurso de revisión nosotros notamos que se puso a disposición la información, el sujeto obligado está cumpliendo, no de la mejor manera, pero está cumpliendo con el límite que colma la ley o que la ley señala.

”Entonces, si te das cuenta en los sentidos de los proyectos, nosotros preferimos que no sea de esa manera y que se entregue de otra forma, pero también los sujetos obligados argumentan que están dando cumplimiento a la ley.”

—¿Cuándo se comprueba que la información abarca poco espacio, no es querer obstaculizar?

—Yo creo que no, a mí me parece que no, pero habría que platicar con ellos y decirles que sólo son dos hojas, no tendrían mayor inconveniente de mandarlo por la vía electrónica. Pero al final se acaba entregando la información, ése es el asunto: que se entregue, lo único que hay es una demora.

La ley
Artículo 53

El acceso a la información se dará en la forma en que lo permita el documento de que se trate. En la medida de lo posible la información se entregará por medios electrónicos, siempre que el solicitante así lo haya requerido y sea posible.