La diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática Roxana Luna Porquillo advirtió que la modificación a la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, cae en un acto inconstitucional, pero deberán ser los ayuntamientos, en caso de que se sientan afectados por la misma reforma, quienes recurran al amparo de la justicia federal o a la controversia.
En conferencia de prensa luego de que el ejecutivo del estado enviara al Congreso dos iniciativas, una referente a efectuar contratos mediante el esquema Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y otra para reformar la ley del agua, la legisladora federal advirtió que hay inconsistencias en la propuesta ya que se trata de privatizar un recurso que debe manejar el estado para satisfacer la demanda de los ciudadanos.
Expresó que la Constitución, en el artículo 4, es clara en lo referente a la prestación del servicio de agua potable, como lo señala el siguiente texto: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
”Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”
La diputada federal indicó que se espera que el documento sea votado por los diputados sin revisar su legalidad, además de que a finales del año pasado el Congreso aprobó por unanimidad una nueva ley del agua para permitir a los organismos operadores de los servicios de agua potable la contratación de empresas privadas para que se encarguen de cualquier actividad relacionada con este servicio, por ejemplo, la construcción de tuberías, plantas de saneamiento, servicio de cobranza y administración, y hasta de la distribución del líquido.
Además de que el órgano legislativo ya no establecerá las tarifas, éstas quedarán de acuerdo con los organismos operadores y conforme a la adición al artículo 118 bis: “Los prestadores de servicios que tengan a su cargo, en dos o más municipios, la prestación parcial o integran de Servicio Públicos en virtud de convenios de coordinación a que se refiere las fracciones IV y V del artículo 23, de los derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas en la Ley, y otros conceptos de ingresos por la prestación de los Servicios Públicos, sin requerir la aprobación del Congreso”.
Roxana Luna expresó que se trata de una acción para privatizar el servicio, pero sobre todo no hay una rectoría del Estado, como lo marca la propia Constitución federal.
Asimismo, advirtió que una situación grave es que los ciudadanos no podrán interponer un amparo por esta medida, sino que tendrían que ser los propios ayuntamientos los que acudieran a la justicia federal o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para una controversia.
Además, informó que en su papel de legisladora federal orientará a los ediles y llevará el tema a la máxima tribuna del país para denunciar los intentos privatizadores del gobierno de Puebla, fuera de la Constitución.
Vigilar el caso del alumbrado
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática recordó que la semana pasada el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, envió una iniciativa al Congreso para autorizar a 17 ayuntamientos la celebración de contratos mediante el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios en materia de eficiencia energética en alumbrado público.
En el proyecto se contempla a los municipios de Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atlixco, Chalchicomula, Huejotzingo, Libres, Los Reyes de Juárez, San Martín Texmelucan, San Salvador el Seco, San Pedro Cholula, Tecamachalco, Tehuacán, Tlachichuca, Tlacotepec de Benito Juárez y Tlahuapan.
El documento que se envió a comisiones no contempla los montos de inversión, pues estos serán analizados en privado por los diputados. El documento tiene sello de recibido a las 10:16 del 5 de septiembre, es decir, en menos de una hora se dio entrada y se envió a la Comisión de Hacienda.
Asimismo, indicó que se estaría advirtiendo una violación a la autonomía de los municipios, contemplada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se les da libertad de ejecutar los proyectos, sino que es el ejecutivo estatal el que rige la prestación de obras y servicios.
Finalmente, dijo que este tipo de situaciones serán dadas a conocer a nivel federal, en caso de que los ayuntamientos se queden con los brazos cruzados.