El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del estado, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, sostuvo que ellos anticiparon los abusos que se cometerían por la privatización del servicio de agua potable, donde se afecta a quienes menos tienen; en tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano Julián Peña Hidalgo señaló que hay confianza en que la Suprema Corte de Justicia, que ya atrajo los amparos, revierta la privatización.

Giorgana Jiménez, en entrevista, recordó que el pasado 14 de marzo el grupo legislativo del PRI en el Congreso del estado emitió su voto en contra de las iniciativas de decreto enviadas por el Ejecutivo para modificar la estructura tarifaria de los servicios que presta el SOAPAP.

Señaló que en comparación con las actuales, un aumento de hasta 55.53 por ciento en promedio alcanzarán las tarifas del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento para el uso comercial e industrial en servicio medido. 

Las repercusiones de estos incrementos afectarán al sector productivo de la zona metropolitana, que incluye municipios como San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Puebla y Amozoc principalmente, donde se asientan las industrias y comercios más importantes de la entidad, agregó en su participación en la tribuna.

Señaló que la serie de aumentos que considera la iniciativa de decreto con la nueva estructura tarifaria del SOAPAP cargará al usuario el costo del suministro e instalación del medidor que para el uso habitacional tendrá un costo de mil 257 pesos como mínimo y 33 mil 384 pesos como máximo, mientras que para comerciantes pequeños, medianos y grandes, así como plantas industriales, el costo va desde los mil 437 hasta los 95 mil 209 pesos.

Comentó que en el caso del comercio el incremento del servicio fue de 53 por ciento de manera general, e insistió en que en los consumidores domiciliarios el aumento varía de acuerdo al nivel económico.

Señaló que el llamado a la empresa concesionaria es para que regularice la situación y establezca los datos fiscales que debe tener el recibo, independientemente que establezca los lugares para presentar quejas.

De los amparos solicitados, dijo que todos los ciudadanos están en el derecho de ampararse y estarán atentos al curso de la resolución de los mismos, y advirtió que en éstos puede haber una modificación en cuanto a la decisión de privatizar.

Advirtió que con lo aprobado por algunas fracciones legislativas del Congreso del estado se dio el cambio de la facturación para que sea mensual y no bimestral y los primeros 15 metros cúbicos que se tenían prácticamente sin cobro mensual ahora se reducirá el volumen, y con ello cualquier usuario que consuma más allá de los 15 metros comenzará a pagar el excedente, y se dará el incremento notable en el servicio a los consumidores.

Expresó que los más afectados son los del servicio medido y del análisis que se hizo en su momento por parte de la bancada del PRI se encontró que del grupo de menores ingresos que están bajo el régimen de servicio medido tiene un ahorro de sólo 20 pesos.

Somos minoría, pero lucharemos
El diputado de Movimiento Ciudadano Julián Peña Hidalgo recordó que él se sumó a los legisladores que votaron en contra de la privatización del servicio de agua potable una vez que se violaban derechos constitucionales.

Reconoció que en estos momentos son minoría para poder revertir la Ley del Agua del Estado de Puebla, pero indicó que en la medida que puedan van a apoyar a los ciudadanos que recurrieron a los amparos federales.

No obstante, confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta el proceso privatizador para beneficiar a los ciudadanos.