Alrededor de 200 personas se manifestaron frente a las oficinas del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) para denunciar el incremento de tarifas de hasta un 285 por ciento en algunos casos.

Al término de una plática con directos de la empresa Concesiones Integrales, o Agua de México, los usuarios aseguraron que comenzarán una suspensión de pagos hasta que bajen las tarifas.

La desesperación de vecinos de todos los puntos de Puebla hizo que exigieran se bajen los costos, los cuales se han disparado tras legislaciones en el Congreso del estado hace unos meses.

Por lo tanto, se conformó la asociación civil denominada Consejo de Colonos del Municipio de Puebla, para frenar las irregularidades con las que ha entrado a trabajar la empresa privada Concesiones Integrales.

Dicha empresa es la actual administradora del agua en Puebla, lo que ha generado sobre todo en un aumento indiscriminado de tarifas, las cuales se cobran mensualmente y no cada dos meses, como antes.

Entre la manifestación, el encargado del Departamento de Comunicación Social del SOAPAP, Carlos Osorio, desesperado por conseguir un comunicado de los quejosos, amenazó a una reportera con dejarle de “conseguir entrevistas” si no le daba una copia del documento.

El acuerdo
Luego de varios minutos, una comisión entabló conversaciones con directivos de segundo nivel de Concesiones Integrales, quienes les afirmaron que podrían iniciar una suspensión de pagos mientras se revisa caso por caso.

“Se va a pedir a los diputados una mesa de trabajo junto con la concesionaria y nosotros, sociedad, para llegar a un acuerdo porque no puede ser un 285 por ciento de aumento”, dijo María Cecilia Graciela Martínez Miranda, presidenta y fundadora del Consejo de Colonos del Municipio de Puebla.

“Por lo tanto, después de manifestar todos los puntos llegamos a esa conclusión: ellos no pueden cobrar estos aumentos, firmaremos una minuta para entablar una mesa de trabajo e iniciar la suspensión de pagos y no corte”, dijo.

“Esto va a quedar suspendido en lo que se hace la mesa de trabajo, se analizan las tarifas, porque están hechas un desastre, quien sabe quién hizo la propuesta de las mismas y las llevó al Congreso”.

Señaló que tienen como “plan B”, en caso de no llegar a un acuerdo, el amparo colectivo, que ya tienen preparado, listo para interponerlo ante juzgados federales.

Reconoció que aun no hay fecha para iniciar la mesa de trabajo, aunque urge que las tarifas sean frenadas. “Los cobros deben ir aumentando conforme al salario mínimo no a lo que ahora cobran, que es mortal”.

El robo
En general, los manifestantes coincidieron acusar a la empresa Concesiones Integrales de un robo, sobre todo porque aparte de multiplicar las tarifas, el servicio no ha mejorado “ni una gota” y la carencia sigue siendo la misma.

Mostrando sus recibos de pago, señalaron que en la parte de atrás se señalan puras promesas falsas.

“Todo esto es mentira, todo lo que viene es mentira”, dijo María Cecilia Graciela Martínez al mostrar uno de los recibos, donde se afirma se mejorará el servicio.

“Se siguen dando desde tiempo atrás mala atención de los usuarios”, dijo mientras las dos centenas de personas gritaban consignas contra el SOAPAP y los diputados con cartulinas donde exigían freno al excesivo cobro.

Señaló que al agua la están haciendo su negocio con las altas tarifas, ya no quieren hacer ningún tipo de descuentos ni a las personas de la tercera edad, con cualquier pretexto.

Por lo tanto, hicieron un exhorto a los diputados a reparar el daño que ocasionaron a la sociedad al haber aprobado el acuerdo tarifario, así como la concesión

“De igual forma, solicitamos que nuestro diputado Franco Rodríguez se acerque a darnos una explicación razonada del problema, ya que nunca fuimos consultados de este procedimiento, solo nos pidió el voto en su momento.

”Exigimos respeto, ya que el agua no se puede privatizar por ser un bien público de la nación”, dijo Graciela Martínez.

“Por culpa de ellos (los diputados), estamos en este problema”, dijo al señalar que nadie consultó a la ciudadanía. “Lo que están haciendo es pura violación a nuestros derechos, exigimos al gobernador den marcha atrás en esto”.

—¿De qué colonias vienen?

—De más de 20 colonias; de Volcanes, barrio de Santiago, El Carmen, Prados Agua Azul —contestó un usuario sumamente molesto.

“Exigimos a Franco Rodríguez, (que) así como fue a pedir el apoyo y voto del Consejo de Colonos del Municipio de Puebla, su presencia para que nos dé una explicación de porqué aceptó este acuerdo tarifario.

”No vamos a pagar más por un derecho fundamental que es el agua. Ya están llegando los cobros mensuales, por eso la gente está tan molesta de incrementos tan brutales como de un 285 por ciento mensual.

”Gente que venía pagando 350 bimestrales, ahorita les está llegando cada mes 495 pesos de deuda, es un 285 por ciento, del extracto uno, dos y tres, al cuarto es donde se da ese aumento”, señaló.

Afirmó que ya existe una solicitud de juicio de amparo preparada ante los aumentos, a los que llamó “brutales”.

Los aumentos
María Alicia Machorro Allende, de la tercera edad, coincidió en señalar cómo muchos de los afectados en la protesta, que el SOAPAP o Concesiones Integrales han dejado de emitir recibos, por lo que al llegar a las oficinas se llevan la sorpresa de las grandes deudas.

En su caso, indicó que no le llegan los cobros a su vivienda, que solo la mandan al área de Factibilidades, pero no le cobran nada, además de que le piden el cobro de un local que ni siquiera existe.

Señaló que también tiene una vecindad de su propiedad en la 16 Poniente 908, en la que nunca hay ni gota de agua, a pesar de que se pagaron más de 30 mil pesos de un adeudo de más de cien mil pesos, tras un convenio.

Detalló al mostrar sus recibos que hizo tres pagos de cerca de 9 mil pesos mensuales cada uno desde el 28 de abril de 2014: “Y ahora sigo sin agua, ni gota, de por sí en la zona no hay, ¿hay que pagar por algo que no dan?, no se me hace justo que pagues un servicio que no tienes”.

Indicó que ahora, como está manejado por una empresa privada, tiene que comportarse como tal, ya que sí tiene servicio de cable por televisión o el teléfono, pues no se les cobra o se hacen descuentos los días que no hubo.

“Pero aquí si no pagamos no solo nos cortan el servicio de agua, sino el drenaje, aunque el agua que tenemos no es consumible, tenemos que comprar agua de garrafón, por eso no es posible que suban tanto el cobro”, dijo angustiada.

“No se me hace justo, nos hicieron una rebaja que aprovechamos, pero no hay ni una gota de agua”, dijo.

“No respetan las tarifas para los ancianos, y antes de tiempo nos las cobran y ahora que llega mensual es mucho más que antes. Nosotros pagábamos cada año, ése es el convenio”, dijo una persona de la tercera edad, vecino de El Carmen.

“Por ejemplo, a mí ya me cobraron el primer mes como si fuera yo joven, yo pagaba 180 pesos bimestrales, ahora me están cobrando 123 mensuales”, señaló.

Opacidad
Con los primeros días de trabajo de Concesiones Integrales, o Agua de México, como administradora del SOAPAP han iniciado las prácticas de opacidad de la empresa de la iniciativa privada.

Mediante una sistemática estrategia el organismo ha evitado la entrega del número de usuarios morosos a los que ha sancionado.

La empresa y la dependencia descentralizada, por medio de su titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información (UAAI), Ulises Martínez Plancarte, ha ocultado los expedientes solicitados vía Infomex bajo el folio 00174514, con la excusa que nunca está en su oficina.

El SOAPAP en primera instancia cambió la modalidad de entrega de la información, que era vía electrónica, al afirmar que no contaba con los datos solicitados, por lo que la ponía a disposición o un situ, lo que quiere decir que se tiene que acudir personalmente a recogerla a sus oficinas.

Pero a Martínez Plancarte ni siquiera se le ha encontrado vía telefónica para hacer la cita de la entrega, como la misma dependencia pidió en la respuesta.

Los argumentos siempre sin los mismos: “Tuvo que salir temprano”, “Está en una junta”, “No se encuentra”, y así los documentos que debieran entregarse como lo marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, simplemente no se otorgan.

Martínez Plancarte, además funge en el SOAPAP como director técnico, y ha sido uno de los pocos sobrevivientes del organismo público descentralizado tras su cambio de administración a la iniciativa privada, ahora dirigido por Agua de México o Concesiones Integrales.

Ahora, ese funcionario público es una especie de enlace entre el gobierno de Puebla —donde sigue cobrando sueldo— y la empresa, por lo que además de llevar los temas de transparencia es el segundo de Manuel Urquiza, quien sigue fungiendo como director general.

Esta forma de ocultar datos no es nueva y se ha repetido en al menos dos ocasiones con dependencias estatales, posible estrategia gubernamental para evitar proporcionar la misma, acusó la presidenta del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), Lilia Vélez Iglesias.

Por lo tanto, se ha interpuesto un recurso de revisión ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), la que tendrá que revisar el caso.

Otro caso similar se registró en la UAAI del Centro de Convenciones Puebla, donde pusieron in situ una información solicitada por una reportera, la que previa cita debe ser entregada, según advirtieron.

Sin embargo, a los teléfonos marcados para hacer la cita jamás contestan, ni en horarios laborales ni en ningún otro.

Irregularidades que acusan:
*Atención al usuario deficiente y malos tratos
*Actos administrativos deficientes y autoritarios
*Agua no potable y de pésima calidad para el consumo humano
*Violación a los derechos humanos
*Procedimientos de cobro erróneos
*Cobro de tarifas altas
*Servicio medido deficiente, las lecturas son calculadas no reales
*Cartera vencida “inflada”, no real
*Cobros de factibilidades ilegales
*Tarifas mínimas muy caras
*No reciben a los representantes de organizaciones
*No contestan los escritos
*Desobediencia a los exhortos del mismo Congreso del estado
*Aumentos en las tarifas de hasta un 285%
*No respetan las recomendaciones de la ONU
*Están administrando el agua como un negocio y no como un derecho social que es de todos
*Violaciones a los derechos de descuentos de la tercera edad y pensionados