La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) obligó al gobierno morenovallista a ordenar un “cobro justo” de las tarifas del agua potable y a nombrar a Gustavo Gaytán Alcaraz como el encargado de despacho del SOAPAP.
La Profecto clausuró las oficinas de la empresa Concesiones Integrales debido a que no mostraba las tarifas del servicio del agua en sus sucursales. Además, las boletas de cobro del servicio del agua exhibían cobros excesivos, lo que originó el malestar de los usuarios, quejas ante la Profeco y “plantones” de consumidores ante los elevados cobros implementados por Concesiones Integrales encargada de la administración de los servicios hidráulicos.
La creciente molestia de los usuarios también se hizo evidente en las redes sociales, ya que las boletas emitidas por Concesiones Integrales correspondientes al mes de junio mostraban aumentos hasta de 300 por ciento.
Ayer, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, encabezó una reunión de trabajo para evaluar la situación que se ha venido presentando en el SOAPAP y ordenó implementar con la empresa concesionaria del servicio, de manera inmediata, cinco medidas para remediar la situación, en el ánimo de evitar afectaciones a la economía de los consumidores.
La muestra
Con la llegada de Concesiones Integrales, empresa particular administradora del agua en Puebla, llegaron también las amenazas a usuarios morosos con cortes definitivos del servicio, en algunos casos con deudas impagables.
Por ejemplo, un recibo de una vecina de la colonia El Carmen, en poder de Intolerancia Diario, señala un adeudo de más de 175 mil pesos, por lo que la empresa privada advierte del corte próximo del servicio de agua y drenaje sino paga.