El adeudo superior a los 45 millones de pesos que tienen dependencias del gobierno del Estado con el SOAPAP y su actual administradora, Agua de Puebla, se entiende solamente como complicidad, reveló el director del Instituto de Ciencias Jurídicas, Germán Molina Carrillo.
Reveló que si la empresa no actúa y corta los servicios de agua potable y de alcantarillado a las dependencias gubernamentales que tienen adeudo, lo convierte en cómplice.
Por eso, reveló que la empresa que administra el servicio del vital líquido, tiene que llegar y cortar el servicio, como lo hace la Comisión Federal de Electricidad y otras instancias públicas que ofrecen servicios a la población y al gobierno.
Al final de cuentas, aseguró Molina Carrillo, la ley es general y es para todos por lo que no debe existir una regla de excepción, “yo creo que en estos casos, ellos tendrían que aplicar la ley y cortar el agua potable y el drenaje, porque así lo están haciendo con todos los ciudadanos”.
El director del ICI afirmó que su perspectiva, en relación con la información publicada por Intolerancia Diario, es que resulta totalmente contradictoria la omisión del gobierno del Estado.
Pero más allá de eso, para el ciudadano también es indignante, porque muchos poblanos viven con la zozobra y la preocupación permanente, que de no pagar o retrasarse, la empresa Agua de Puebla les va a cortar el servicio, señaló.
“Si finalmente todos los ciudadanos están obligados a cumplir la ley, resulta grave que sea el propio gobierno del Estado el que la incumpla”.
Además, afirmó que también es grave que no haya una responsabilidad y un compromiso de demostrar que la ley se respeta en el Estado de Puebla y que el que no la respeta, debe asumir las consecuencias.
Desde su perspectiva resulta un hecho lamentable que existan dependencias del gobierno estatal que no hayan pagado el servicio y sigan disfrutando del agua potable y del servicio del drenaje.
Peor además, es una mala elección, porque si la autoridad está promoviendo que se respeten las leyes y que el estado de derecho prevalezca, el primero que tendría que cumplir con ese mandato es el Estado.
El gobierno poblano, agregó, es el primer obligado, porque los ciudadanos comunes y corrientes se preguntan por qué van a pagar si el propio gobierno está incumpliendo con esa obligación.
El llamado es evidente, dijo Germán Molina Carrillo, y es que la autoridad demuestre que los primeros en cumplir con la ley son ellos, pero también que están comprometidos con la sociedad y su desarrollo.
Dijo que a los ciudadanos les queda claro, que el gobierno tiene obligaciones y por lo visto, la autoridad poblana no la está cumpliendo.