El grupo opositor, Puebla Libre, buscará revertir los candados en contra de las candidaturas independientes aprobadas por el Congreso de Puebla a través de acciones legales antes instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Puebla Libre se reunirá con el ombudsman, Raúl González Pérez, para que la comisión interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la ley anti-independientes aprobada por el Congreso local. La panista, Ana Teresa Aranda, integrante de Puebla Libre, fijó la postura de la organización señalando que el gobernador de Puebla a lo único que le teme es a las instancias internacionales por lo que llevarán el caso de la ley anti-independientes apelando al pacto de San José en el caso de que la Comisión Nacional no interponga la acción de inconstitucionalidad.
La política opositora afirmó que la comisión posee facultades explícitas para iniciar la acción de inconstitucionalidad, de acuerdo a lo que señala el artículo 105 constitucional.
En la rueda de prensa participaron además de Aranda y Miguel Ángel Mantilla, los izquierdistas, Rosa Márquez y Jorge Méndez.
Reunión con la CNDH: Aranda
Este miércoles los integrantes de Puebla Libre se reunirán con el ombudsman, Raúl González Pérez. El artículo 105 de la Carta Magna señala que la inconstitucionalidad de una norma jurídica se produce cuando entra en “contradicción de una norma de carácter general y esta Constitución” por lo a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca del caso de Puebla donde se aprobó una ley anti-independientes que va en contra de la norma federal.
Aranda explicó porque la reforma poblana es contraria a los derechos humanos. Aranda señaló que el artículo 201 quarter de la reforma electoral, aprobada el pasado 22 de agosto, es contrario al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, el cuál está claramente establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La panista dijo que el que dicho artículo exija como requisito del apoyo del 3 por ciento del padrón nominal para un aspirante a una candidatura independiente en un plazo de 20 días, exigiendo que se trate de un apoyo presencial genera condiciones inequitativas e impide igualdad para acceder a las funciones públicas, explicó Aranda.
La lideresa opositora relató que otra irregularidad que se presentó con la reforma aprobada por el Congreso al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla es lo relativo a su fecha de publicación.
Es decir, la reforma tiene como fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 22 de agosto, día en que los diputados del PAN, PRD, PANAL, PT y Compromiso por Puebla aprobaron la reforma en el pleno del Congreso, sin embargo, la misma estuvo disponible en el periódico oficial hasta el 24 de agosto, dos días después como fue denunciado por legisladores de oposición y medios de comunicación.
Otra vía que los opositores buscarán para revertir la reforma estatal es convencer a las dirigencias nacionales de los partidos políticos para que presenten un recurso de inconstitucionalidad. Otro camino es que la intervención del senado de la república. Por su parte, el dirigente izquierdista, Jorge Méndez Spinola, señaló que los integrantes de Puebla Libre recorrerán el estado durante este mes para informar a los ciudadanos en qué consiste el proyecto Puebla Libre y organizar a más ciudadanos en todo el estado para integrarlos a su bloque opositor y frenar las acciones autoritarias del gobierno del estado de Puebla.
El líder izquierdista calificó de grave las reformas aprobadas el pasado 22 de agosto al código electoral del estado de Puebla. Méndez consideró que la reforma electoral produce “la ruptura del orden constitucional a lo establecido por el artículo 1 de la Constitución”.
El integrante de Puebla Libre recordó que el artículo primero constitucional señala que la autoridades deben velar por los derechos humanos de los ciudadanos de acuerdo a los principios de universalidad. Méndez estimó que el estado deberá evitar las violaciones a los derechos humanos que se generan con la aprobación de la ley electoral en la materia que exige un 3% de firmas del padrón electoral para ser candidato independiente las cuales deben ser ratificadas de manera presencial ante el órgano electoral. Jorge Méndez afirmó que Puebla Libre intentará dialogar con las dirigencias nacionales de aquellos partidos políticos que de manera pública han rechazo las leyes “anti-bronco” que se han aprobado en distintos estados de la república como Veracruz, Chihuahua y Puebla, por lo que confió en que las dirigencias partidistas escucharán a Puebla Libre para que puedan interponer un recursos de inconstitucionalidad.
El líder izquierdista también se refirió a que Puebla Libre buscará interlocución con los senadores de la república que han externado su rechazo a los candados anti-independientes aprobados por el Congreso de Puebla y que entran en vigor en la elección local del 2016 en la que se elegirá a un gobernador por un período de 1 año 8 meses.