La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso contra las cuerdas a la administración de Rafael Moreno Valle y ordenó entregar a la empresa Tratamiento de Agua de Puebla (TAPSA) la operación de cuatro plantas tratadoras de aguas residuales, las cuales le fueron retiradas en 2012; además, el SOAPAP deberá indemnizarla con al menos 650 millones de pesos.

La filial de la compañía francesa Degrémont ganó en el mes de septiembre pasado un litigio; sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla no acató de manera íntegra el fallo. Ahora, se le requiere que cumpla con la sentencia a más tardar en tres días. De no hacerlo, los magistrados involucrados en el tema serán revocados.

En entrevista con e-consulta, el representante legal de TAPSA, Paulo Jenaro Díez Gargari, refirió que la denuncia primero estuvo en el Tribunal Superior de Justicia; sin embargo, no prosperó y por eso se llevó a la instancia federal.

El abogado expuso que el día martes 9 de febrero la Corte emitió un nuevo resolutivo, el cual es inapelable. “La resolución de la Corte ya no admite recurso de ninguna especie, no hay nada más que hacer a eso”.

En la nota firmada por Patricia Méndez, Paulo Jenaro Díez Gargari refiere que la administración morenovallista deberá pagar a TAPSA el monto que ésta invirtió para poner en marcha dichas plantas tratadoras —la cual asciende a 650 millones de pesos— y está clasificada como tarifa T1 dentro del contrato inicial.

“Además, el gobierno poblano deberá liquidar la tarifa T3 la cual se refiere al volumen de agua tratada”.

Ambos aspectos aún no están cuantificados; no obstante, la defensa legal ya realiza los cálculos para definir el monto que la administración deberá cubrir.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto los términos legales que el gobierno de Moreno Valle utilizó para terminar anticipadamente el contrato con la empresa.

“Todos estos contratos están sujetos a las leyes federales porque la totalidad de esos proyectos tienen fondos federales. Eso le da mucha tranquilidad a los inversionistas, de saber que no van a estar expuestos al riesgo político de cambio de titular de la presidencia municipal”, puntualizó Díez Gargari a e-consulta.

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El pasado 9 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propinó un duro revés a la administración de Rafael Moreno Valle en la disputa por el control de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales con la empresa Degrémont.

La Primera Sala de la Corte, al resolver el amparo directo 66/2014, a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz, amparó a la empresa francesa, a quien se le suspendió anticipadamente el contrato de concesión para el manejo y operación —hasta 2021— de las plantas ubicadas en Cuautlancingo, Cholula y dos en la capital poblana. 

La Corte resolvió que la demanda del SOAPAP contra la empresa no debió ser tramitada por los jueces locales, esto le corresponde a la justicia federal, se lee en la resolución. El SOAPAP solicitó al Poder Judicial del estado una medida cautelar para que este organismo reasuma la prestación del servicio público de tratamiento de aguas residuales.

A principios de 2012, el Tribunal Superior de Justicia autorizó al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado desalojar a Degrémont. Fue el 21 de febrero cuando se solicitó a la empresa francesa entregar al SOAPAP todos los equipos y tecnología.

Sin embargo, la Corte rechazó el argumento central del SOAPAP, según el cual el contrato de 1999 fue reemplazado totalmente por un convenio firmado en 2004, para el que ya no aplicaba la ley federal.

“La relación jurídica habida entre las partes es la misma y no hay cambio alguno en la ley que la rige, la cual es de orden federal”, argumenta la Corte.

Tome nota

El 21 de febrero de 2012, el gobierno recuperó las cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, después de demostrarse que TAPSA, filial de Degrémont, operó con diversas anomalías y por ello se determinó cancelar la concesión. El argumento para retirar la concesión, la cual se mantuvo durante 12 años, fue el incumplimiento de los estándares de calidad en el tratamiento de aguas residuales y generar un quebranto financiero al SOAPAP, que mensualmente erogaba 10 millones de pesos en favor de la empresa.