El juez tercero de distrito estableció el 24 de mayo como fecha para la audiencia constitucional del juicio de amparo 553/2017/IV interpuesto por Eduardo Rivera Pérez en contra de las acciones de la Auditoría Superior del Estado, así como del Congreso, ya que acusa se violaron los tiempos para resolver sobre su cuenta pública.

Por medio de un comunicado de prensa, emitido por la oficina de Eduardo Rivera, se indica que, de acuerdo a la Autoridad Federal, la Audiencia Constitucional se celebrará el día 24 de mayo del presente año, mientras señalan que se seguirá informando acerca de este proceso jurídico, “seguros de que la Verdad es la mejor defensa”, reitera el documento.

El texto también explica que, dado que solo la Dirección Jurídica de lo Contencioso de la Auditoría Superior del Estado de Puebla  (ASE) presentó su informe de último momento y, siendo omisas otras autoridades en presentarlo, (Congreso del Estado, Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado y ASE), el Juez Tercero de Distrito instruyó diferir la Audiencia Constitucional.

De este modo, se advierte que con estos hechos  se refuerza que, tanto el Congreso del Estado como la ASE, continúan apartados de la legalidad y del debido proceso, pues siguen aplicando un criterio político a los procesos legales de la cuenta pública 2013 al afectar los tiempos,  violando el derecho a tener una justicia pronta y expedita.  

Irregularidades de la Auditoría Superior

El pasado 7 de abril, durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, el diputado Pablo Montiel Solana documentó una serie de irregularidades cometidas por la autoridades fiscalizadoras, e indicó que la audiencia en la que la Auditoría Superior del Estado citó a Eduardo Rivera Pérez, y a la que él acudió, inició y concluyó el 20 de enero de 2017 como lo certificó el propio auditor.

Expresó que, de acuerdo a la ley de responsabilidades, la auditoría tenía 30 días hábiles para emitir la resolución final, sin embargo, esto no sucedió. Por lo tanto, la sesión debió realizarse a más tardar el pasado 6 de marzo.

Montiel comentó que el auditor, sin facultades, abrió una sesión ya concluida, presuntamente para desahogar pruebas que no fueron ofrecidas por el expresidente municipal de Puebla, lo que se traduce en violación flagrante a la ley

Mientras, la diputada Socorro Quezada Tiempo dijo esta es una legislatura “histórica” por la violación a la ley y a la constitución.

Con el dictamen en la mano, presentó las imprecisiones del documento, ya que se le están fincando responsabilidades a Eduardo Rivera Pérez por la mala calidad de la obra  de la avenida 11 Norte – Sur, cuando está fue realizada por el gobierno del estado.

También señaló que, a pesar de que Eduardo Rivera ingresó dinero a la tesorería por el cobro a comercio, ahora se le pide una copia de cada recibo expedido.

Asimismo, Quezada aclaró que no defiende a Eduardo Rivera, sino la legalidad y el estado de derecho que fue vulnerado.

Por otro lado, el diputado independiente Julián Peña Hidalgo, coincidió con Montiel Solana en la posibilidad de que se incurra en un delito al aprobar la inhabilitación y sanción en contra del exedil por un daño patrimonial generado al ayuntamiento de Puebla en 2013.

Enfatizó que la fiscalización debe ser un procedimiento transparente y apegado a derecho, sin embargo, aseveró el proceso estuvo “amañado” y realizado bajo un sesgo político.