El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, señaló que la legislatura solo realizará reformas a la Ley del Agua del Estado de Puebla para que haya tarifas justas, e indicó que el cancelar la concesión en éstos momentos, generaría problemas al estado.

Luego de que un grupo de ciudadanos ganaron amparos en contra de las tarifas, el legislador expresó que, mientras no se revierta el contrato de concesión del agua, reformarán la ley para obligar a la empresa Agua de Puebla para Todos que brinde un servicio de calidad con precios justos.

Entrevistado antes de que iniciara la sesión del pleno, dijo que se mantienen en el análisis de la ruta jurídica que seguirán para echar la concesión otorgada durante el sexenio del gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, sin que hubieran pasado por el Poder Legislativo para su autorización.

Biestro Medinilla aceptó que en el corto plazo no podrán cumplir con esta promesa de campaña porque hacerlo provocaría un daño al patrimonio del estado por el pago de una penalización por cancelación.

Subrayó que están legislando para impedir el corte del suministro de agua y drenaje por no pagar el servicio domiciliario, así como recuperar la facultad para establecer las tarifas por el vital líquido en Puebla.

“Pero de que lo vamos a deshacer lo vamos a deshacer, nosotros podríamos en este momento desconocerlo pero nos vendrían multas de miles de millones de pesos que afectarían las finanzas del estado. No podemos hacerlo de esa manera sino de la forma correcta y mientras tanto vamos a garantizar que se mejore el servicio con tarifas justas y tomar al agua como lo que es un derecho humano y no un negocio”.

Biestro Medinilla sentenció que no quitarán el dedo del renglón y revertirán el contrato de concesión entregado a la empresa Agua de Puebla para Todos, ante el incumplimiento del compromiso de llevar el vital líquido a todo el estado con precios justos y suministro constante.

Recordó que hace más de un año les fue bloqueada la iniciativa para que el Congreso recuperara facultades y fije las tarifas por el servicio y la periodicidad de su pago mismo que será bimestral.

La modificación al artículo 18 de la referida ley quitaba a la empresa Concesiones Integrales o Agua de Puebla para Todos, la posibilidad de establecer las tarifas de manera unilateral, y ahora el concesionario deberá presentar la propuesta para que sea analizado por el Congreso.

Precisó que al avanzar las reformas las tarifas se fijarán conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o el tabulador que fije el Congreso de Puebla para frenar los abusos en el cobro de este servicio que se venían cometiendo.

Otra iniciativa bloqueada fue regresar el pago bimestral de este servicio debido que desde que se privatizó el servicio de agua potable se estableció mensual el cumplimiento de esta obligación.

Detienen endeudamiento de Norma Layón

Por otra parte el presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, Fernando Jara Vargas, dio a conocer que fue rechazada la petición del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan para obtener un préstamo y pagar, por mandato judicial, unos predios para no comprometer sus finanzas.

Señaló que los legisladores analizaron la solicitud de la presidenta municipal, Norma Layón Aarún, para tener la facultad de contratar una línea de crédito por 700 millones de pesos y cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los terrenos en donde se ubica el tianguis.

Señaló que el Poder Legislativo determinó negar esta petición, debido que los recursos serían destinados para pagar una deuda heredada por pasadas administraciones municipales y no para generar obras con impacto social comprometiendo los recursos financieros.

“Los recursos que el Congreso autoriza deben ser para beneficio de la población, es decir, para obra pública y no para pagar deudas. Estamos resolviendo en tiempo y forma”.

Jara Vargas subrayó que la presidenta municipal deberá buscar el apoyo de la Secretaría de Finanzas y la administración estatal, debido que la sentencia también, dijo, vincula al Gobierno de Puebla para cumplir con este pago.