La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María del Carmen Cabrera Camacho, anunció que la LX Legislatura atenderá la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una vez que el máximo tribunal notifique el fallo para realizar las consultas necesarias luego de que fueron invalidados preceptos en el Título Segundo, del Capítulo VI “de la educación indígena” así como en el diverso VIII “de la educación inclusiva”, ambos de la Ley de Educación del Estado de Puebla.
En conferencia de prensa en línea, aclaró que la Ley de Educación no se modifica en su totalidad, toda vez que el fallo es, específicamente, sobre los artículos 46, 47 y 48 en materia de educación indígena y de personas con discapacidad, en los que la SCJN establece un criterio sobre las consultas que se tienen que realizar, al ser estos grupos vulnerables, así como en atención a sus necesidades.
“La Ley de Educación se mantiene, en su generalidad, en buenos términos. Esta legislatura tendrá que hacer la consulta ciudadana sobre estos trabajos que se van a ir desarrollando de manera colaborativa”, dijo.
Explicó que para el desarrollo de las consultas ciudadanas habrá un trabajo de colaboración entre la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado y el Instituto Poblano de los Pueblos indígenas del gobierno estatal para establecer las acciones a seguir.
Sobre la notificación, la legisladora aclaró: “La resolución no ha llegado de manera directa al Congreso del Estado, por lo que es importante esperar la resolución de la Corte para que la atienda el Congreso y a partir de esto se revise y se analice el contexto legal para dar el cumplimiento y poder dar atención a las necesidades que siempre han sido una prioridad en la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Soberanía”.
La controversia
Fue el 1 de julio de 2020, cuando el máximo tribunal del país dio entrada al expediente 131/2020; presentado por el hoy diputado con licencia Oswaldo Jiménez López, y uno de los argumentos es que no hubo prácticas como Parlamento Abierto con la sociedad, ni participación de los padres de familia, al señalar que el Congreso local debió enriquecer la ley con opiniones.
En los argumentos que se presentaron ante la Corte, indican los diputados que lo que se aprecia es que la ley es regresiva, y no va hacia la modernidad de la educación.
Advirtió, en su momento, que el contenido busca el control académico burocrático de la educación, pero no habla de la calidad ni mejora, pero se entromete en el control de cuotas que cobran las escuelas particulares.
Dijo, asimismo, que en la ley se elimina la certeza jurídica de la propiedad, ya que las instalaciones de todas las escuelas, sean públicas o privadas, forman parte del Sistema Educativo, y se dejaron lagunas deliberadamente para permitir que en el futuro alguien pueda interpretar a su manera el documento, y quitarles el bien.
El diputado con licencia Oswaldo Jiménez López señaló que la Ley no aborda el acoso escolar que está siendo uno de los más severos problemas, y al no contemplarse en la legislación se permite que haya prácticas como el llamado bullying.
Cuestionó que en la reforma no se hable de la investigación, en si hay ausencia de propuestas, pero se toca el tema de la fiscalización de la universidad pública, lo cual podría ser un tema político
El entonces coordinador de los legisladores del PAN dijo que se combatiría la ley, acciones legales, habrá comunicación con actores agraviados, e indicó que se está buscando tener al tercio de los diputados para presentar la controversia constitucional.