El ex director del Soapap, Francisco Castillo Montemayor, advirtió que el incremento solicitado a las tarifas del agua potable, impactará al treinta por ciento de los usuarios que están pagando puntualmente por el servicio, ya que no hay una eficiencia en el cobro; Por otra parte denunció que desde la Fiscalía General del Estado (FGE), se está encubriendo a los responsables de su encarcelamiento, además anunció que presentará una nueva denuncia, ahora por el delito de tortura.
En conferencia de prensa al preguntarle de la solicitud del Soapap para el ajuste de las tarifas, precisó que no hay motivo para aplicar un nuevo aumento ya que el cobro se encuentra indexado al índice inflacionario, y cada tres meses se puede ver el ajuste.
Señaló que el problema es que sólo el 30 por ciento de los usuarios son los que están pagando por el servicio del suministro, y ahí está parte de la fuga del dinero.
Advirtió que cuando él estuvo al frente del organismo la eficiencia en el cobro era del 70 por ciento, pero con Agua de Puebla se cayó la recaudación de una manera alarmante.
Precisó que hay que determinar los motivos por los cuales la gente no está pagando, ya que no se trata sólo de morosidad, sino que existen otros factores, sobre todo el mal servicio que está prestando Agua de Puebla.
Comentó que el agua que está llegando a los hogares es de mala calidad, además cada vez son menos las horas en que se presta el servicio, y ello genera la inconformidad por parte de los usuarios.
Advirtió que el incrementar las tarifas del agua se verá reflejado en el índice inflacionario de la zona metropolitana de Puebla, y es un castigo a los ciudadanos por las deficiencias de una empresa.
Encubrimiento de la Fiscalía
En la conferencia de prensa anunció que presentó un recurso de inconformidad ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, luego de que se determinó que no existió delito luego de que estuvo privado de su libertad por casi dos años, y sujeto a violaciones a sus derechos humanos.
Acompañado de sus abogados recordó que fue encarcelado por órdenes del gobernador Rafael Moreno Valle luego de denunciar que se estaba destruyendo el parque Flor del Bosque.
Insistió en que fue acusado del delito de peculado en medio de todo tipo de violaciones a sus derechos humanos. Acusado por el Ministerio Público, fue públicamente vejado, señalado a nivel nacional de haber sido un servidor corrupto al cual había que dar un escarmiento, y enviado a la prisión -y posterior arraigo domiciliario- por más de un año; para que, después de un dilatado proceso penal, fuese declarado absuelto al nunca haber existido el delito por el que fue enviado a la cárcel.
Señaló que presentara una denuncia contra los distintos funcionarios administrativos, ministeriales, y judiciales que resultaran responsables de su detención y encarcelamiento arbitrarios, bajo este gobierno y con esta Fiscalía, el ministerio público resolvió, en acuerdo de 25 de abril pasado, determinar que NO EXISTE DELITO.
Finalmente dijo que pedirá que el gobierno ofrezca disculpas públicas a todos los perseguidos, presos políticos y agraviados de, al menos, los últimos diez años; Exigir a funcionarios y personal de las instituciones encargadas de ejercer justicia que rompan con su inoperancia y ejecuten las acciones necesarias para alcanzar los fines para los cuales fueron diseñadas; Resarcir el daño económico que ocasionaron a cada una de las víctimas.