El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), determinó que Claudia Rivera Vivanco incurrió en uso indebido de recursos públicos, así como actos anticipados de campaña en febrero de 2021, por lo tanto se le amonesta públicamente, además de dar cuenta al ayuntamiento de la capital y la Fiscalía General del Estado.

Al desahogarse el juicio 054/2022 en contra de la ex presidenta municipal, la magistrada Idamis Pastor Betancourt, señaló que en lo que respecta a los actos anticipados de campaña en la rueda de prensa del 8 de febrero de 2021 se declara la existencia de los mismos.

Según la magistrada, se acreditan los elementos, personal, temporal, y subjetivo, ya que en dicha rueda realizó manifestaciones relacionadas con su postulación a candidata para reelegirse por el partido político Morena, teniendo un impacto en el pasado proceso electoral al haberse difundido en dos periódicos digitales, lo que se traduce en una estrategia política de posicionamiento, con la intención de tomar ventaja de forma anticipada y atraer el voto.

Referente al uso de los recursos públicos para la promoción personalizada en cuanto a la publicación personalizada del 15 de febrero de 2021 también hubo la existencia de la falta, pues en las pruebas se comprobó la aparición de los logotipos del entonces ayuntamiento, así como del Plan Agrario, así como el nombre y cargo que ostentaba la denunciada, lo que generó un posicionamiento indebido en su beneficio.

En el mismo punto fueron desechadas dos denuncias más en contra de Claudia Rivera: la primera por una página que apareció en Internet, con el título “Yo con Clau”, y que se tomó como un acto anticipado de campaña, sin embargo al hacer el análisis no se pudo comprobar que la denunciada fuera la dueña de ese portal.

Asimismo de una publicación del 15 de febrero de 2021, que también se presentó, se determinó, que no hubo llamado al voto.

En las resolución, el TEEP determinó inscribir a Claudia Rivera Vivanco en el padrón de sujetos sancionados, una amonestación pública que aparecerá en los estrados del tribunal, además de dar cuenta al ayuntamiento de la capital, Instituto Electoral del Estado, y la Fiscalía General del Estado (FGE).