Lo que pudiera parecer un asunto menor adquiere proporciones mayores cuando se suma este hecho a los innumerables excesos por parte del gobierno morenovallista en lo que va de su sexenio.
Por razones más que entendibles, un gobernador requiere de un equipo de seguridad que garantice su integridad al término de su mandato. Prácticamente todos los exgobernadores gozan de esos privilegios sin que sean necesariamente considerados como excesos gubernamentales.
En los estados en donde se otorga esa seguridad, sólo se les proporciona por un máximo de seis años, tiempo suficiente como para resguardar la figura de un personaje que ejerció el poder con todas las consecuencias y riesgos que esto implica.
Sin embargo, la ley que los “levantadedos” poblanos aprobaron esta semana, fue más allá de los límites de lo permisible, y decidieron aprobar una escolta de 16 guarros para “proteger” de por vida a los exgobernadores. Nadie en su sano juicio puede justificar esta acción legislativa promovida por el “tonto útil” de Héctor Alonso, lo cual evidentemente obedece a los intereses personales del Señor de los Cerros.
Aplicando el principio de retroactividad, esta ley beneficiará a todos los exgobernadores de Puebla, entre ellos Mario Marín, Melquiades Morales, Manuel Bartlett, Mariano Piña Olaya, Guillermo Jiménez Morales y hasta el general Rafael Moreno Valle, abuelo del actual gobernador. Textualmente, el artículo segundo transitorio de este ordenamiento legal dice: “El presente decreto le será aplicable a todos los exgobernadores del estado”.
De acuerdo con el número de escoltas contemplados por esta ley, y considerando que todos los exmandatarios solicitarán esta canonjía, el gobierno estaría obligado a pagarle a 68 efectivos, lo cual generaría un costo anual de 8.1 millones de pesos.
En medio de todo este absurdo salta un dato por demás revelador: si en lugar de gastar ese dinero en guaruras lo destinaran a los niños indígenas, éstos no requerirían de las becas que hoy promueve el DIF estatal para que los poblanos adopten a uno de estos pequeñitos.
Sin duda, este hecho es uno más de los absurdos que los diputados han avalado para complacer al titular del Ejecutivo.
Y lo peor de todo es que dicen que “¡lo mejor está por venir!”

Dando nota nacional
Para quienes vivimos en Puebla nada que provenga del nuevo gobierno nos sorprende, no así a los periodistas nacionales, los cuales apenas empiezan a conocer los alcances de quien hoy gobierna nuestro estado.
Para muestra del impacto que causó en la capital del país la famosa escolta vitalicia, retomaré un fragmento de la columna Rozones del periódico La Razón:

Seguridad de por vida a exgobernadores
La novedad es que el Congreso de Puebla aprobó ayer garantizar a los exgobernadores escoltas de por vida y para ello modificó la Ley de Seguridad Pública del estado, para facultar a los exmandatarios a elegir hasta ocho agentes para conformar su escolta personal. Las modificaciones se deben a la violencia que vive la entidad gobernada por el panista Rafael Moreno Valle, quien en lugar de resolver el problema de la inseguridad, paga a más policías. Por ese camino, también comprará blindados en Israel, ¿no?

Y dicen que el morenovallismo vino a cambiar la imagen negativa de Puebla y los poblanos. ¿Será?