Se había anunciado que este jueves 12 de diciembre se daría a conocer finalmente a la empresa ganadora de la licitación para la concesión del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).
Se habla de colombianos, japoneses y españoles, pero también de mexicanos.
Sin embargo, en los pasillos del aún existente organismo descentralizado ha llegado la versión que será el lunes 16 de diciembre cuando se dé a conocer al ganador del proyecto.
Y es que falta ajustar algunos detalles.
Lo cierto es que ya hay un ganador, mientras que el SOAPAP se apresura a hacer los mayores trabajos posibles, luego de que se pasó un año en la hamaca sin trabajar.
Y si no, pregúntenle a Jorge Gómez Haro, director de Administración y Finanzas de dicha dependencia, quien trata de limpiar la casa antes de que lleguen las cuentas.
Por eso mismo la ciudad de Puebla parece zona minada ante la apuración, ¿o había visto tantas obras del SOAPAP al mismo tiempo?, y conste que todo se hace al cuarto para las 12, ya que está por fenecer el plazo.
Mientras tanto, a comparación de otros años, las filas para el pago adelantado han sido muy cortas, y la gente no llega a pagar.
Al parecer la incertidumbre no sólo pega en las oficinas de la dependencia de gobierno, sino en la misma ciudadanía, que pareciera estar esperando la definición del asunto, sobre todo tras las constantes protestas, las que no cesarán.
Inundación de empresas
Desde enero pasado, la distribución del agua en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, está en manos de una empresa privada.
Ahora el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, propuso, como el de Puebla, que la dotación de agua potable la realice una compañía privada.
Son dos ejemplos del proceso de privatización de los organismos operadores que se lleva a cabo en siete ciudades de las más importantes de la República mexicana.
Hay tres modalidades: contratos de servicios en el Distrito Federal y Puebla; concesiones en Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres y Navojoa, y con empresas mixtas en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.
Hay que decir que en el Distrito Federal, Aguascalientes y Cancún tienen ya casi dos décadas en operación, mientras que en Saltillo cumplió 11 años.
En Navojoa se rescindió en 2005 el contrato o concesión, debido al incumplimiento de la empresa.
En Tuxtla Gutiérrez, el Congreso de Chiapas está por resolver la iniciativa del presidente municipal Samuel Toledo.
La ganadora de esa licitación tendrá a su cargo el manejo del SMAPA durante un periodo que va de 20 a 25 años, e invertiría inicialmente 589 millones de pesos.
La promesa es que en 2016 un 99 por ciento de la población podrá beber el agua de la llave.
Sin embargo, la mayor queja de los ciudadanos y organismos no gubernamentales son los cobros excesivos, cortes del servicio, falta de transparencia y despido de trabajadores.
En el municipio norteño de Ramos Arizpe hay participación mixta: 51 por ciento de acciones del municipio, 48 por ciento de Aguas de Saltillo, propiedad de la empresa española Aguas de Barcelona, y uno por ciento de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila.
Pero los abusos no se hicieron esperar y hay quejas de cobros arbitrarios de adeudos, que no han sido demostrados por la empresa ni reconocidos por los usuarios, y el aumento de tarifas de casi al doble para todos los rangos.
Aquí estaremos pendientes ante la inminente llegada de la empresa privada, lo que ha causado la incertidumbre.