Desde hace 10 días, corrió como pólvora la versión sobre una orden de aprehensión en contra del ex gobernador Mario Marín Torres, del empresario Kamel Nacif y del ex director de la Policía Judicial Adolfo Karam Beltrán.

¿El motivo? Una resolución de un Tribunal Federal Unitario, en el que se reactiva una denuncia por el delito de tortura en contra de la señora Lydia María Cacho Ribeiro, cuando fue aprehendida en Cancún Quintana Roo en diciembre del año 2005.

Aquí vale decir que más allá de los yerros gubernamentales, cometidos durante la administración de Marín Torres, que provocaron un descrédito social de grandes dimensiones, mismos que generaron la debacle electoral de 2010, el tema de la supuesta tortura sicológica a Lydia Cacho me parece, tal y como lo cité en su momento, más que fantasiosa y sin sustento.

Pruebas del arribo de Lydia Cacho a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado hay de sobra.

Cuando la señora llegó, fue recibida por personal de la Comisión de los Derechos Humanos Federal y Estatal, por su abogada personal, también por la senadora Lucero Saldaña y por cuando menos una docena de reporteros. Ahí están las fotos.

En su primera declaración, la señora Cacho jamás acusó a los agentes judiciales que la aprehendieron, ni a las agentes que la acompañaron en la última parte del trayecto.

Dos días más tarde, ratificó su declaración sin denunciar la supuesta tortura sicológica de la que tiempo después se dijo víctima.

También hay pruebas contundentes que demuestran que durante su traslado, la señora estuvo en constante comunicación con familiares, abogados, embajadas y hasta con el entonces Subprocurador de la República Cabeza de Vaca, lo cual, habría sido imposible, sí como la escritora lo asegura, venía siendo torturada por los agentes encargados del traslado.

Esta información, es pública y está asentada en la investigación que realizó en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde también existió un dictamen de la PGR, en el que se determina que la señora sí padecía un trastorno mental, pero no derivado de la aprehensión, sino de hechos personales sufridos con anterioridad y que no estaban ligados a las actuaciones judiciales del 16 y 17 de diciembre de 2005.

Lo que sí es un hecho es que la determinación del Tribunal Federal Unitario existe y que un juez penal girará la orden de aprehensión contra Mario Marín Torres, Kamel Nacif, Adolfo Karam Beltrán y Juan Sánchez. Con base en esta orden, los presuntos implicados estarán en condiciones de hacer valer su defensa legal, con base en las pruebas aportadas en su momento ante la SCJN.

Sin embargo —insisto—, la supuesta tortura de la que Lydia Cacho se dice víctima, no cuadra por ninguna parte.

Sí bien es cierto que el escándalo mediático, generado más por intereses políticos nacionales del momento y por la nula capacidad del gobierno marinista para enfrentar y manejar una crisis como aquella, les costó no sólo el descrédito social, sino también la gubernatura y el terminar en el ostracismo político.

Pero de ahí, a que 14 años después, la señora Cacho se siga victimizando por un traslado de Cancún a Puebla en donde vino hablando por teléfono libremente, sin ser esposada, recibiendo medicina y alimentos; y siendo recibida por una comitiva que atestiguó su arribo sin huellas de maltrato, me parece que es seguirle haciendo el juego a una mujer que lucra con su condición de activista social, pero que en realidad vive de un enfermizo protagonismo.

¿Cuántos casos auténticos y reprobables de tortura existen en los separos de las agencias del MP, de los Centros de Reinserción Social, de las cárceles municipales, sin que nadie mueva un dedo porque la víctima no es una escritora influyente?

Por lo pronto, hoy están vivas cuatro órdenes de aprehensión y un amparo que resolver.

Habrá que seguir el caso muy de cerca y con el tiempo, veremos y diremos.