Con Ley de Amnistía, que propone el diputado Gabriel Biestro, hasta 370 presos y 36 mujeres privadas de su libertad podrían obtener su liberación anticipada.
La iniciativa, que ayer estaba incluida en la sesión del Congreso pero que al final no fue discutida ni votada, pareciera más una carta de buenas intenciones que una propuesta concreta para resarcir el daño por alguna injusticia cometida.
Aunque en el artículo 2 de la citada ley se detalla quiénes son sujetos a recibir este beneficio, es claro que adolece de impacto.
En el primer punto se establece que se decretará la amnistía, que no el indulto, a quienes estén esperando o purgando una sentencia por el delito de aborto. Y aunque han intentado generar en el imaginario colectivo que se trata de una ley para proteger los derechos sexuales de las mujeres, la realidad es que este inciso no beneficiará a ninguna presa en Puebla.
Ayer mismo, durante la presentación del Concejo que analizará los expedientes de las 406 personas susceptibles a ser liberadas, se reconoció que ninguna mujer está presa en Puebla por el delito de abortar.
Si realmente se intentará ser progresista y proteger los derechos de las mujeres, en este año y medio, los legisladores ya habrían tenido tiempo para despenalizar el aborto en Puebla. Una deuda que mantienen los y las diputadas de Morena con la sociedad.
La Ley de Amnistía que se asemeja mucho a la promulgada por el gobierno de AMLO, tampoco busca, como se dijo en el caso del penal de Ecatepec, Estado de México, reducir la población carcelaria para evitar brotes y contagios por el coronavirus.
Y digo que no es ese su objetivo, porque en las nueve páginas del proyecto no se menciona el virus ni la pandemia.
Luego entonces, la próxima estrellita que se querrán colgar los morenistas con la liberación de presos habrá que observarla con bastante recelo.
Por cierto, ¿Qué oportunidades de empleo y reinserción les estaremos brindando a quienes abandonen los penales?
¿Daño patrimonial o garrote político?
Una de las cosas que más se le criticaron a Rafael Moreno Valle fue el uso faccioso de las instituciones para que ediles, secretarios y hasta empresarios accedieran a sus caprichos ya fuera por las buenas o a través de garrotes políticos como la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Es una tentación que por regla general, los gobernantes en turno deben evitar.
La declaración de Francisco Romero, sobre la auditoria que se le realizará al gobierno de Claudia Rivera por el tema de los ventiladores o respiradores artificiales, se inscribe en este contexto.
El auditor Romero Serrano adelantó que se abrirá una investigación y es aquí donde uno se pregunta qué finalidad tiene esta supervisión en tiempo real si de entrada no hubo daño patrimonial porque ya se sabe que de los 15 millones que el gobierno municipal destinaría para esa compra, no se pagó ni se pagará un solo peso.
¿Cuál es el objetivo de desgastar la estructura de la ASE en un tema que de entrada, ya sabemos, no mermó el patrimonio de los capitalinos?
Muy seguramente hubo pifias en el proceso de compra, aquí mismo denunciamos la ineptitud de Leobardo Rodríguez en ese y otros procesos de adjudicación pero ¿hasta dónde es válido poner a los auditores a trabajar a marchas forzadas para satisfacer la sed de venganzas políticas, sabiendo que no hay daño al erario?