Durante los ocho años en que dominó el grupo del extinto Rafael Moreno Valle, un total de 16 nombres y apellidos constituyeron una especie de sindicato que manejó a su antojo el mercado de la publicidad y propaganda en la zona metropolitana que pudo haber alcanzado un valor de 2 mil 880 millones de pesos, según estimaciones del valor de la renta mensual de cada una de las 500 estructuras que soportan los anuncios espectaculares.
Sin hacer gestos, convirtieron este monopolio en acicate político para el castigo de partidos, candidaturas y grupos considerados adversarios u enemigos de quien les proveyó una potestad extralegal que ofrecía utilidades millonarias por casi 240 millones de pesos al año y poder político.
Luego de la publicación en dos entregas de espectaculares desaseos al descubierto en la Parabólica.mx el jueves 2 y viernes 3 de julio, varios involucrados en estrategias de campañas políticas del PAN y PRI se pusieron en contacto para narrar la forma de operar de estos varones de la propaganda visual, que castigaban o premiaban según sus muy particulares apetitos.
Ello permite explicar la virulencia con la que en octubre de 2018 desde el Congreso del Estado diputados al servicio del régimen panista como Jonathan Collantes, Uruviel González y Carlos Morales se opusieron a devolver a los municipios el derecho de cobros de obligaciones respecto de las empresas propietarias de cientos de anuncios espectaculares. La premisa era defender ese coto poder y económico para un conjunto de empresas, algunas de ellas manejadas por prestanombres.
Según el municipio o distrito, los miembros de esta cofradía invirtieron en candidatos que según el apoyo político del grupo dominante, tenía mayores probabilidades de ganar para su inversión fuera segura. Luego cobrarían la factura: colocación de un número mayor de estructuras en el mobiliario urbano, parques, jardines, andenes, banquetas y paraderos.
La clave para entender el desarrollo de este cártel es el ex encargado de la contratación de espectaculares en la campaña para gobernador de Moreno Valle en 2010, Eduardo Torres Chedraui, a quien según versiones periodísticas, se le vincula con el negocio de la propaganda con el empresario Armando Prida.
Luego se fueron añadiendo otros nombres como Gerardo Islas, Marcelo García, Fernando Manzanilla, Pedro Gómez, Mauricio Santoyo, Sergio Riquelme, Iñigo Ocejo, Gina Paolo Adamo, Andrea Ambrogi, Vicente Aguirre y Eduardo de Unanue.
Como federación de cárteles decidieron repartir la zona metropolitana y Atlixco, en donde se calcula, existen al menos 500 estructuras. Todos respetan la máxima de no pelear territorios ni clientes para no alterar un sistema de operación que les ha permitido un perfil bajo y silencioso a cambio de ganancias jugosas.
Ese acuerdo se ha mantenido vigente para no disputar reparto de espacios y hasta antes de la propuesta del gobernador Miguel Barbosa al legislativo para proscribir propaganda política en la vía pública. Esa federación de cárteles locales deberá “tomar un respiro” como lo admitió en una entrevista uno de sus miembros, Marcelo García Almaguer si el Congreso del Estado decide votar a favor la iniciativa para evitar la propagación de candidatos y partidos en la elección de 2021.
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