Primeramente, debemos exculpar de toda falta al matrimonio Rivera-Muñoz, pareja de contadores responsables del lugar más icónico de carnitas en Puebla, los Arcos de Rivera; y es que la capitalina historia moderna de los cerdos comparte apellido.
En 2013, y tras una inversión superior a 30 millones de pesos, el gobierno del entonces presidente municipal Eduardo Rivera abría la línea de sacrificio para cerdos tipo TIF en el rastro municipal.
La certificación TIF, entregada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), asegura tanto el bienestar de los animales sacrificados, como el bienestar de quienes los consumen.
Asegurar el buen manejo del animal, desde crianza hasta sacrificio, facilita la exportación, comercialización y el mercado de carnes procesadas. Además, y lo más importante, asegura un suministro de carne inocua para el mercado local.
Los beneficios de un rastro TIF, con líneas porcinas y bovinas, parecieron poco a Claudia Rivera quien decidió matar de inanición al proyecto usando al Covid-19 de excusa. Ante la pandemia, la Federación pausó en marzo del año pasado revisiones y procesos de recertificación, momento que pintó ideal para dejar de invertirle.
El 24 de noviembre pasado, SENASICA reportó la pérdida de la certificación, situación que Rivera Vivanco intentó maquillar días después como una decisión del municipio, al preferir una certificación tipo inspección de secretaría de salud (TSS).
Este certificado reduce enormemente los requisitos necesarios para sacrificar animales, lo cual viene acompañado de una calidad inferior de la carne, así como toda posibilidad de exportar o transformar adecuadamente. Ante la ausencia de un rastro en forma en Puebla las opciones son Tlaxcala, Hidalgo o la batea de una camioneta.
Con el regreso de Lalo Rivera al Charlie Hall el futuro del rastro municipal permanece en la incertidumbre. No se deje engañar, la certificación TIF en su momento no trajo dignidad al resto del ecosistema matarife.
Durante su fallida campaña contra Rivera Vivanco en 2018, Rivera Pérez hizo importantes promesas al gremio laboral que hoy ya no están en el radar.
La mayoría de las calles aledañas al rastro, ubicado en San Jerónimo Caleras sobre la federal a Tlaxcala, son una desgracia sin pavimentar. Mientras, la planta tratadora de agua se encuentra abandonada y el proyecto de refrigeración es de papel. ¿Le suenan básicas para un lugar de sacrificio de animales? Si ni a eso pueden comprometerse podemos deducir el inexistente porvenir del proyecto Mercado de Carnes.
Pero si el futuro porcino público suena precario, el sector privado en Puebla cuenta una historia desigual.
Granjas Carroll de México (GCM) es uno de los grandes jugadores nacionales en los marranos. Controlando 10 por ciento de un mercado de 73 mil millones de pesos, GCM cuenta con los procesos más modernos en el mercado mexicano.
Con una inversión de 132 millones de dólares, en los tiempos del fenecido Rafael Moreno Valle, el rastro ubicado en Oriental permite el sacrificio de 10 mil cerdos diarios para exportación; principalmente Estados Unidos, Japón y Corea. La planta, por supuesto, es tipo TIF, además de contar con certificaciones internacionales de bienestar animal como CloverLeaf.
Sin embargo, la presión inflacionaria que supone destinar parte de la producción nacional a la exportación pone un zapato en la garganta de la seguridad alimentaria y las dietas de los más pobres de este país. La tasa mensual inflacionaria de septiembre a octubre es la más alta en 20 años, un dato escandaloso y preocupante.
Por otro lado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anuncia rastros como si fueran larines. Un rastro para Izúcar, otro para Tehuacán, y recuperar Puebla y Atlixco. Las condiciones socioeconómicas generales de los ganaderos poblanos no dan para acceder a estos circuitos de valor, y mucho menos los mercados locales al interior del estado dan para pagar los precios de equilibrio. Le adelanto, esos rastros van a ser una marranada.
