Rendir cuentas del ejercicio de la función pública es irrelevante para la vida nacional, pues la sociedad ha sido acotada a solamente ejercer castigo o premio en el voto, y los representantes pocas veces tienen solvencia moral para defender intereses públicos.

A nivel aldea tenemos la continuación del Tercer Informe de Miguel Barbosa con las comparecencias en el Congreso de los titulares de las 17 dependencias estatales, del 19 de enero al 10 de febrero, ya en comisiones o el pleno.

El jueves pasado fue turno de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), la guanajuatense Beatriz Manrique Guevara, de anunciar el estado de sus cuatro ejes –prevención y control de contaminación, conservación de recursos naturales, ordenamiento territorial y bienestar animal–.

Intenciones pudo haber, pero dicha secretaría está constreñida por tres realidades: presupuesto, atribuciones e intereses.

SMADSOT es, presupuestalmente, cartera de tercera. Aunque 120 millones de pesos, su presupuesto ’21, puedan sonar chonchos, esto simbolizó 0.3 por ciento del presupuesto y es más bien poco. En segunda, por ejemplo, juega Desarrollo Rural, con 3 por ciento, y educación en primera, con 35 por ciento; órdenes de pitcheo en participaciones.

Hubo reforestación de 600 hectáreas, a la vez que afectaciones en 8 mil por incendios forestales. El déficit es una obviedad, pero saber que la superficie conflagrada fue un cuarto menos que el año anterior, y un medio menos que hace dos, es una agridulce sorpresa.

Ante la imposibilidad monetaria, una subutilizada batería de funcionarios de primer nivel arrastró lápiz para generar multitud de convenios, acuerdos y demás colaboraciones con variopintos actores, desde A.C.s hasta agencias de cooperación global.

Tiempo y realidad mostrarán los resultados de estas iniciativas de papel, siendo por ahora el trabajo con el Reino Unido de actualización a la Ley de Cambio Climático Estatal de las más tangibles.

Cierto que existen otros documentos terminados como ordenamientos ecológicos y desarrollos urbanos, rutas de trabajo para el Atoyac, las múltiples crisis de rellenos sanitarios o depredación de recursos, pero ahí es donde intereses y soberanías atan las manos.

El crimen ambiental estatal más infame ocurrió sobre la Laguna de Alchichica en el municipio de Tepeyahualco, vecino con Perote, Veracruz. La laguna de 3 mil años de antigüedad destaca por su fauna endémica, axolotes y charales, así como la formación coralina que la rodeaba en círculo semiperfecto; patrimonio nacional solo comparable con Bacalar y Cuatro Ciénegas.

La imbecilidad de idear un muelle fue brevemente detenida por una clausura de SMADSOT en octubre, para 12 días después ser arremetida con retroexcavadora y derribar metros de estromatolitos.

Ante la denuncia se realizaron dos detenciones, mismas que fueron desechadas por el dictamen del encargado de despacho de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Floriberto Milán Cantero, de no poderse determinar daños.

Pese a ser reconocido por su incapacidad e infame participación en el desarme del aviario, establecemos como hipótesis de trabajo que existieron coerciones del crimen organizado de la zona, asociado al robo de transporte de carga y que hace base en Veracruz.

Tepeyahualco fue un polvorín las elecciones pasadas, al grado que fueron repetidas ante la impugnación de Eyerim Espinosa Sosa por la irrupción de grupos armados; el edil, cuyo hermano fue asesinado a tiros en septiembre, buscaba la reelección. El actual presidente, Said Godos, es ubicado en la localidad como cabeza de La Banda de los Godos, dedicada al robo de vehículos. Las dos personas ostentadas con la ideota del muelle son los hermanos Tito y Ricardo Zapata, dueños de Remolques Recza-Carr en San José Alchichica. Haga usted las elucubraciones.

¿Y de lo que hablábamos, medio ambiente, bienestar animal y conservación de recursos? Eso, como la vida en Puebla, no vale nada.