A pesar de que las empresas que llegaron a Puebla hace seis años para operar los Centros de Verificación no cumplían con las normas, el gobierno de Rafael Moreno Valle, favoreció a uno de sus colaboradores más cercanos, Cabalán Macari Álvaro, cuya familia tenía el negocio, mismo que fue sancionado en la Ciudad de México, además de que los contratos fueron desaparecidos.
Tras la clausura realizada a los Centros de Verificación , Intolerancia Diario desde hace seis años advirtió de las irregularidades, luego de la convocatoria del mes de julio de 2014 precisó que el 15 de octubre de 2014 estarían operando todos los centros cuatro lo hicieron dos semanas después, estos fueron San Martín Texmelucan (sancionado en el DF), Tepeaca, Ciudad Serdán y el ubicado sobre la 25 Poniente en Puebla, y el resto incluso hasta diciembre sin que hubiera sanción por parte de las autoridades ante el incumplimiento del compromiso.
Asimismo, hubo omisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial que encabezaba Mario Rincón una vez que documentos del proceso de asignación de las nuevas concesiones demostraron que las empresas del Distrito Federal incumplieron desde un principio la convocatoria emitida, e incluso la propia concesión.
En la licitación número SDRSOT-CONV-OCCV-204/001, para la apertura de nuevos Centros de Compromiso Ambiental, se denunció desde un principio por parte de empresarios poblanos que el documento estaba diseñado para favorecer a empresarios foráneos y destacaron que tres empresas ganadoras fueron clausuradas en el Distrito Federal, siendo uno de los impedimentos de acuerdo al punto 12 de la convocatoria.
Las empresas que fueron sancionadas en la capital del país son: Verificación Barragán, Verificentro San Joaquín, y Centro de Verificación Tamaulipas, pese a ello el gobierno del estado les dio las facilidades para instalarse en Puebla.
Mientras en el punto 14 de la convocatoria se establecía que para operar un centro de verificación debe tener una superficie mínima de 1,200 metros, en el caso del verificentro de la 25 oriente y 20 sur (Clausurado por Profepa), la superficie máxima alcanza apenas los mil metros cuadrados, otros centros tampoco cumplieron con las dimensiones.
En el punto 27 de la convocatoria se establecía que serán descalificadas las empresas que no respetaran el área de los mil 200 metros, y de acuerdo a fuentes consultadas varios de los establecimientos violan la norma.
También se establecía que se descalificará si se comprobaba que hubo acuerdos del participante para obtener ventaja.
Según información proporcionada, los ganadores de la licitación no tenían disponibles los terrenos al momento de la adjudicación.
Desaparecen contratos
Por otra parte los 17 contratos de concesión para operar los centros de verificación vehicular para el control de las emisiones contaminantes realizados en el año 2014 podrían estar desaparecidos, ya que se presume no fueron entregados a la Secretaría del Medio Ambiente, además de que siguen apareciendo hologramas entregados en mano a los automovilistas a pesar de que sería motivo para retirar los permisos.
Fuentes consultadas por Intolerancia, indicaron que de acuerdo a la información en la entrega recepción hasta el momento no se tienen los citados contratos que se firmaron con empresas provenientes de la Ciudad de México, y que presentaban irregularidades como lo dio a conocer éste medio desde hace cinco años.
Previo a que se abrieran los centros de Compromiso Ambiental como se llaman actualmente se advirtió que cuatro de ellos habían sido sancionados en la Ciudad de México retirándoles la concesión, además de que otros no cumplían con la norma en cuanto terreno, o espacio de líneas, además de que comenzaron a trabajar sin concluir la obras.
En los contratos deben aparecer las especificaciones de cada uno de los centros, comprobando que se cumplía con la norma, y por lo tanto podían operar
De acuerdo a la información otros documentos que estarían desaparecidos son los correspondientes a las clausuras efectuadas entre marzo y abril de 2014 a los 87 centros de verificación que eran operados por poblanos.
Ataque a los poblanos
Empresarios del ramo consultados señalaron que el entonces secretario Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Mario Rincón González incumplió con el compromiso de apoyarlos para que mantuvieran las concesiones, y denunciaron que se dio una prórroga a los empresarios que no abrieron en el mes de octubre como se anunció concretamente el día 15 de junio.
Señalaron que se dieron facilidades a las empresas foráneas que habían sido clausuradas en el Distrito Federal, sin embargo, Rincón González señala que en Puebla se van a portar bien.
La licitación establecía un plazo de 60 días para que operaran sin embargo esto no se cumplió y por ello se dio un plazo que es violatorio de la ley y fue hasta diciembre de 2014 cuando operaban la mayoría.
La distribución y el caos
Los verificentros operaron en la ciudad de Puebla Atlixco, Acatlán, Chalchicomula de Sesma o Ciudad Serdám, Izúcar de Matamoros, Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tepeaca, Tecamachalco, Teziutlán, Tehuacán, Xicotepec de Juárez y Zacatlán.
Puebla concursó 5 establecimientos, mientras que el resto solo uno, lo que implica la incorporación de nueva tecnología en los centros de verificación como líneas dinámicas, en las que se revisará una unidad a la vez.
Para el caso de Tehuacán eran necesarias cuatro de estas líneas, mientras que para Atlixco y San Martín Texmelucan se requerían tres. Los demás establecimientos dos y en Xicotepec de Juárez solo una.
En la mayoría de los centros no se atendió la demanda
Convenio Megalópolis
Uno de los argumentos que se manejaron para el cambio del sistema es la armonización con el Distrito Federal y otros estados por un acuerdo que existe.
El convenio llamado Megalópolis publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Octubre de 2013 donde no se hace mención a las clausuras ni el cambio de tecnología.
El favorecido
En entrevista publicada por Intolerancia el entonces representante de los Verificadores de Puebla, José Luis Góngora Calvario dijo que 13 de las 17 empresas que operarán los centros de verificación en Puebla, al obtener la concesión por parte del gobierno del estado, Habían sancionadas y clausuradas en la capital del país por incumplir con la norma, así como cometer actos de corrupción.
Señaló que no era posible que le estén quitando el trabajo a los poblanos para entregarlo a empresas que no cumplen con las normas y sólo por relaciones personales o un pago de favores se le entrega el manejo presuntamente a Jorge Kahwagi Macari, primo del secretario de Administración, Cabalán Macari Álvaro.