El presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) de Puebla, Javier Fregoso Sánchez, ignora los señalamientos de la opacidad en Puebla hechos por el organismo internacional Article 19.
En las últimas semanas dicha organización emitió sendos estudios de la situación de opacidad del gobierno de Puebla, además de la impunidad que hay al respecto.
—¿Qué exhorto se podía dar al gobierno?
—No he leído a detalle, apenas se presentó, tengo entendido, este estudio. Creo que deriva en un libro, no lo he leído y con toda sinceridad no me gusta hacer una aseveración cuando no tengo conocimiento del mismo.
“Yo creo que el país está avanzando en la materia y concretamente el estado de Puebla, donde ya se dio un avance en la transparencia de la información.
”Hay que seguir trabajando en el tema, que va a entrar en vigencia a partir mayo, va a permitir que tanto los órganos garantes como los ciudadanos tengan mayor acceso a la información. Pero si me gustaría reservar la opinión con respecto al estudio”, dijo.
Además, el comisionado Fregoso desconoce el avance de los trabajos en la Ley de Transparencia, la que debe armonizarse con la federal, ni hablar de los tiempos para que se concrete.
Dijo que se debe concatenar entre lo que se trabaja en la ley general, con el sistema general de transparencia y sus lineamientos.
“Dentro de eso trabajamos conjuntamente, nosotros pertenecemos a la región centro, todavía está a nivel proyecto, hemos hecho aportaciones al reglamento del Sistema Nacional de Transparencia”.
Los señalamientos de Article 19
En dos semanas consecutivas, mediante sendos estudios, la organización internacional Article 19 evidenció la situación de opacidad y ocultamiento de información en Puebla; además, calificó al Estado como un claro ejemplo de impunidad ante el abuso de la publicidad oficial y su excepción electoral.
Los estudios “Libertad de expresión en venta” y “Transparencia la Deuda de Moreno Valle” desmenuzan la grave situación en la materia que hay en el estado.
En el primer estudio, revelado apenas este miércoles, la oficina en México del organismo internacional defensor de la libertad de expresión hizo un apartado especial del gobierno por la promoción de la figura del gobernador Rafael Moreno Valle fuera de la entidad, con el argumento de sus informes de gobierno.
Dicho estudio fue hecho con todas las entidades del país mediante solicitudes de información; además, se expone el manejo de recursos para la publicidad oficial, en donde la mayoría de los casos es oculto y sin rendición de cuentas.
El gobierno de Puebla gastó 134 millones de pesos en publicidad oficial en 2013, el número 12 a nivel nacional.
El apartado especial sobre la promoción que hubo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, fuera del territorio poblano, basado en la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE).
“El abuso de ésta se ejemplifica con claridad en el caso de Puebla, pues su actual gobernador Rafael Moreno Valle recurre a una importante promoción personal en el marco de sus informes”, señala parte del análisis.
“En efecto, para Rafael Moreno Valle los límites de Puebla no están ahí donde los mapas marcan las fronteras del estado. Son, por decir, más flexibles. Llegan hasta la frontera norte y la frontera sur. Van desde el Golfo de México hasta el océano Pacifico”, cita el estudio.
Además, la semana pasada se presentó otro estudio especial sobre las estrategias de opacidad del gobierno poblano, titulado “Transparencia la Deuda de Moreno Valle”.
En este, Article 19 desnudó las estrategias de opacidad del gobierno de Puebla al publicar un estudio, donde se revela como sistemáticamente se niega u oculta información oficial.
El organismo señala que el informe muestra un panorama preocupante de la garantía del derecho de acceso a la información en el estado de Puebla.
Y detalla los obstáculos y prácticas a lo largo el documento, los que califica de gran preocupación en un contexto de opacidad y corrupción, si no que representan violaciones graves al ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.
No obstante, destaca la responsabilidad del Congreso local y las entidades del gobierno estatal para limitar la política de opacidad endurecida en los últimos años a través de diversas prácticas.
Las mismas, se señala, limitan el potencial democrático del ejercicio del derecho de acceso a la información como son: la diferenciación del proceso de acceso de acuerdo a la calidad de los usuarios, así como el cambio de modalidad de entrega sin causa justificada.
Asimismo, la declaratoria de inexistencia de información (notoriamente existente), la negativa de otorgar citas para el acceso directo a los documentos y la cooptación del organismo garante, en este caso la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
No obstante, señala que la libertad de expresión ha sufrido las consecuencias de la represión en todas sus garantías.
“La transparencia y el derecho de acceso a la información han sido vulneradas en la misma vía.
”Por un lado, se creó una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el estado de Puebla, que amplía el nivel de protección del derecho de acceso a la información, pero que limita la efectividad del recurso de revisión, con lo que se impide la posibilidad ciudadana de recurrir a una segunda opinión por parte del organismo especializado”, señala Article 19.
“En este contexto, con un amplio margen de experiencias documentadas, Article 19propone este material para visibilizar y documentar en la voz de diferentes expertos, la visión de quienes encuentran límites y prácticas violatorias y hostiles a sus derechos, y soportan el peso de un estado que censura y castiga por la imposición de un caótico control”, precisa el organismo.