El gobernador, Miguel Barbosa, consideró que ha llegado el tiempo “de eliminar esas calamidades políticas y sociales”, por ello propuso una reforma constitucional para quitar el fuero constitucional, el que es considerado como un esquema de inmunidad procesal penal para quienes ejercen el poder desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El documento consultado por Intolerancia Diario y que este jueves llegó al Congreso del Estado, refiere que tanto el gobernador, como el presidente del Poder Judicial, así como los diputados, además del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) no deben gozar de ningún privilegio.
Y es que, el fuero es un esquema de inmunidad procesal penal, que impide que quienes ejercen el poder puedan ser acusados y procesados por la presunta comisión de un delito, esta figura genera el rechazo social y el descrédito para quienes detentan funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“Se elimina el sistema procesal penal por delitos oficiales, tanto para el Gobernador del Estado, como para los Diputados, el Auditor Superior, los Magistrados y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial de Estado. Ello, en principio, porque ya no existen los delitos oficiales, pero más importante, porque ya no es usual ni adecuado que un órgano político legislativo se transforme en un órgano jurisdiccional penal para la determinación de responsabilidad alguna”, dijo.
El mandatario local refirió que, a partir de la eliminación del fuero todas y todos los servidores públicos serán susceptibles de ser procesados penalmente por cualquier delito presuntamente cometidos durante el ejercicio del encargo.
Prisión preventiva para servidores públicos
Los servidores púbicos serán sometidos a la prisión preventiva, es decir, que tendrán que llevar a cabo un juicio o proceso igual que cualquier ciudadano que no ejerce el poder público.
Y es que, el texto señala que “la autoridad judicial podrá ordenar prisión preventiva oficiosa por la comisión de los ilícitos considerados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se enlistan: delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”, refirió.
Será el Poder Legislativo el que pueda declarar si ha lugar o no a formación de causa contra funcionarios públicos que gocen de fuero constitucional, por delitos del orden común, y si dichos funcionarios son o no culpables de los delitos oficiales que se les imputen.
Congreso avalará iniciativa
En entrevista por separado, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, adelantó que esta iniciativa será analizada junto con el documento que presentó con antelación la diputada Vianey García Romero para aprobarse en este mismo periodo ordinario de sesiones.
El diputado morenista señaló que parte del proyecto de la Cuarta Transformación es quitar privilegios a los servidores públicos, quienes se escudan en esta figura para delinquir o incluso enriquecerse.
De acuerdo a la propuesta, el fuero constitucional será una atribución que ejerza el Poder Legislativo, con base a diversos análisis de pruebas de la comisión de delitos que se presenten en contra de los servidores públicos.
Cabe señalar que, la iniciativa será oficialmente ingresada en la siguiente sesión ordinaria, se turnará a las comisiones generales y a su vez analizada para su aprobación.