La ciudad se precipita por falta de capacidad de gobierno. No es una afirmación retórica, es un dato a la vista de todos.
El alcalde Eduardo Rivera dilapida a manos llenas la confianza ciudadana que la población le otorgó en las elecciones de julio pasado, y hasta puede decirse que se regocija en ello haciendo gala pública de sus creencias privadas de fe en un estado cuya condición laica fue llevada a la letra de la Constitución con el voto de diputados y senadores correligionarios suyos.
Que el alcalde dilapide, podría pasar como un hecho personal secundario y hasta chistoso, de no ser porque su impericia y frivolidad amenazan con arrastrar a la capital a otro trienio panista perdido. Como el de Paredes.
A casi un año de las votaciones y cuatro de gobierno, con un cabildo con mayoría de su partido, el presidente no siquiera ha podido llevar a buen puerto el proceso de entrega-recepción. El cual, quedó revelado ayer, está convertido en una comedia de falsedades y engaños, por omisión o comisión o por una mezcla de ambas.
La conclusión es simple.
Si el alcalde no tiene capacidad de liderazgo para gestionar un trámite meramente administrativo, como la entrega-recepción, difícilmente podrá encabezar decisiones de gobierno que demandan firmeza, conocimientos técnicos, pero sobre todo capacidad de negociación y persuasión.
Es un tema que no ha pasado desapercibido, en la oficina del gobernador ya tomaron nota de éste. En la ceremonia de los 100 Días, Moreno Valle tuvo que hacer recomendaciones muy precisas a Rivera Pérez de no a la polarización y sí al trabajo.
Las evidencias indican que al día de hoy el señor alcalde no ha podido reunir en torno suyo a un equipo de trabajo que medianamente sepa contar y sumar, que tenga honestidad para salir y reconocer cuando se equivoca.
Primero los regidores panistas miembros de la Comisión de Entrega-Recepción fueron ridiculizados de fea forma por la prensa por no saber leer cifras con puntos decimales y de más de cuatro ceros. Aunque en el fondo queda la sospecha que aquella fue parte de una estrategia de azuzar “al ladrón, al ladrón”.
Con lo cual pusieron en evidencia (entre otras cosas) que los representantes populares en el cabildo no están dotados para desempeñar el cargo para el que fueron propuestos por su partido, el PAN. O que infringen deliberadamente para dañar a terceros.
Por lo mirado, tampoco se ve que los regidores panistas tengan voluntad de servir con probidad a la población que confió en su palabra y los nombró. Porque con su juego perverso perjudican el desarrollo de la ciudad, pero sobre todo a la gente.
En segundo lugar carecen de la honradez pública suficiente para salir a reconocer que, en el dictamen de entrega-recepción, equivocaron las cuentas y que en ese equívoco dañaron la reputación de terceros. Salvo que la suya sea una estrategia deliberada con sepa Dios qué propósitos.
Fueron los panistas miembros de la archimentada comisión los que denunciaron “daño patrimonial” a la administración municipal cercano a los 2 mil millones de pesos, para luego del golpe mediático recular y dejar la cifra en sólo 700 millones.
Ayer brotó otro escándalo producto de las mismas mojigangas panistas que tanto le han costado a Rivera. Ocurre que aprobado el dictamen de entrega-recepción en comisiones dos semanas atrás, éste fue depositado para su custodia en la Secretaría General como ordena el protocolo.
Sin embargo ayer, cuando fue recogido para someterlo a revisión del pleno del Cabildo, los regidores priistas descubrieron que el documento había sido sustraído y alterado en una hoja completa, en la que estaban falsificadas las firmas de los regidores que lo suscribieron y las cifras correspondientes a las cantidades que la prensa puso en evidencia días atrás.
Luego entonces, y en términos de ley, el dictamen carece de validez debido a que fue modificado fuera de los procedimientos reglamentarios de la ley y deja sin efecto las comparecencias de exfuncionarios de la administración anterior.
En un comunicado distribuido ayer por el cabildo quedó asentado que el regidor Octavio Castilla “indicó que el acto de ilegalidad es claro al tratar de someter a votación un documento falsificado y alterado de forma mañosa, ya que para modificarlo tuvo que pasar primero por la Comisión de Entrega-Recepción y ponerse a consideración en el pleno del Cabildo. Contrario a ello debajo de la mesa, de manera misteriosa y dolosa modificaron el dictamen.
”El regidor mostró la documentación original con las firmas correspondientes al calce, pero hay una hoja del documento modificado en la que las rúbricas de los regidores Pedro Gutiérrez, Arturo Loyola e Irma Adela Fuentes están en un costado y los montos están alterados, lo que implica un grave delito.
”Precisó que una vez dictaminado el documento quedó a resguardo de la Secretaría del Ayuntamiento, por lo que pidió investigar quiénes sustrajeron el dictamen y la hoja que fue alterada, misma que se someterá a pruebas grafológicas para cotejar las firmas de los regidores y de esta forma demostrar el ilícito cometido.”