El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dio un nuevo “espaldarazo” al secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, y le comentó que es un nuevo “espaldarazo” porque en varias ocasiones el Ejecutivo del estado ha salido a la defensa de uno de sus más selectos —paral él— colaboradores, que en cuatro ocasiones ha puesto su renuncia en su escritorio y en todas le ha dicho que “no”.
Moreno Valle defendió a Ardelio Vargas cuando ocurrió el operativo de la 46 Poniente, donde utilizó a todas las fuerzas de Seguridad del estado para catear locales donde se presumía la venta de autopartes robadas. Detuvieron a 52 personas que más tarde tuvieron que dejar en libertad, además de que también se regresó lo decomisado.
También lo defendió cuando elementos de la Policía Estatal gasearon a hombres, mujeres y niños que recorrían los locales del mercado Jorge Murad, “La Fayuca”, para asegurar contrabando y “piratería”.
Lo defendió cuando utilizó el exceso de fuerza para un desalojo en Chignahuapan, o cuando desvió de su trabajo a mil policías para detener a un solo sospechoso de las pugnas criminales de Palmarito Tochapa.
Ayer lo volvió a defender.

Los presos que se evadieron estaban amparados
El gobernador citó los primeros reportes o pretextos que se esgrimieron tras la fuga de once reos de alta peligrosidad: dijo que los delincuentes se habían amparado para evitar ser llevados a un penal de mediana seguridad, por eso no pudieron ser trasladados.
Pero quedaron varias dudas que dejan la sospecha de no sólo una negligencia o caso de omisión.
Si el secretario de Seguridad Pública del estado estaba enterado que presos de alta peligrosidad pensaban fugarse, e incluso él mismo ya lo había advertido, ¿por qué no colocar una guardia de la Policía del estado fuera del penal, en tanto que se resolvía lo del amparo, que seguramente iba a ser contrario a la petición de los procesados por su alta peligrosidad?
Por lo menos seis de los fugados pertenecen al crimen organizado, uno de ellos con cuatro fugas en su haber en los penales de Tamaulipas y de Veracruz.
Por el ángulo que se pretenda exculpar al titular de la SSP se denota que hubo negligencia y omisión, sin que un servidor se atreva a presumir que hasta contubernio, pero sí pereza por una “irregularidad” que pensó no le correspondía solucionar.

Investigaciones a fondo
Es definitivo, en Puebla existe conflicto de intereses para que se pueda investigar a fondo la fuga de los once presos de alta peligrosidad: primero porque el mandatario poblano tiene una confianza ciega en su colaborador, y segundo porque nadie se va a atrever a enfrentarlo para llegar al fondo de un caso que encierra además de apatía, negligencia y responsabilidad por omisión. Aquí sí debería de intervenir la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la SIEDO, ya que seis de los evadidos son personajes claves en el crimen organizado y en estos momentos podrían estar organizando una ofensiva contra los poblanos. Y no se trata de alarmar a nadie, nada más hay que recordar la fuga más reciente de maleantes ocurrida en Veracruz, todos los que se evadieron regresaron a sus filas delictivas.

¿Quién va a pagar los platos rotos del cierre del aeropuerto?
El lunes pasado los informativos electrónicos de radio y televisión desbordaron su atención en el cierre del aeropuerto Hermanos Serdán, como consecuencia de una disolución de la empresa Operadora Estatal de Aeropuertos.
Se informó de la postura oficial del gobierno de Puebla, así como de los abogados del empresario Ricardo Henaine, pero todos nos olvidamos de los “daños a terceros”.
Los noticieros televisivos pasaron las imágenes de muchas personas que ya no pudieron concretar sus vuelos, entre estos una pareja que celebraba su aniversario de casados y que no pudieron llegar a su destino, además de que debió haber usuarios que volaban para algún negocio.
El caso es que el gobierno de Puebla, al “asegurar” el aeropuerto no permitió la entrada y salida de aviones, mucho menos de personas que a buena hora llegaron.
Todas las pérdidas de boletos y de tiempo, ¿quién las va a absorber?
Si usted presentara una queja por este hecho, que debe de constituir un delito, ¿a quién denunciaría?
Porque las víctimas circunstanciales también tienen derechos.

Lo detienen, paga y lo liberan
César Eduardo Bonilla Yúnez permaneció varias horas sometido a privación de su libertad, como consecuencia de un mandato legal por un presunto fraude en la venta de un terreno, de un quebranto patrimonial de 500 mil pesos.
El empresario detenido por elementos de la Policía Ministerial la mañana del miércoles pudo obtener su libertad, tras solventar el problema legal en su contra y obtuvo su libertad, considerándose que tras la reparación del daño se indulta la queja.
Nos vemos cuando nos veamos.