La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio (SSPTM) está a punto de recibir otro golpe “de gran tonelaje” que va a desequilibrar nuevamente la estructura de la Policía Municipal Preventiva (PMP), y es que antes del 20 de febrero todos los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como de la Dirección de Seguridad Vial que fueron prestados al municipio, deberán de ser regresados.
El oficio, que entrelíneas indica que “se acabó la cortesía”, se encuentra ya en el escritorio del despacho del secretario Amadeo Lara Terrón, la SSP indica —o mejor dicho, ordena— que les sean regresados todos sus elementos. Obviamente este movimiento lleva la intención de desaparecer la estructura de la Policía y de Tránsito del municipio.
La siguiente jugada es para don Amadeo Lara.

Historias de impunidad
Seguramente usted recuerda a don Jorge Arroyo, un oscuro personaje, exfuncionario del ayuntamiento de Puebla, quien alguna vez estuvo a “salto de mata” tras existir una orden de aprehensión en su contra y que actualmente se encuentra en el “jugoso” negocio de la extorsión de casas de masaje, de moteles de mala muerte, de “antros” y que cuenta con la “bendición” de oscuros personajes que se mueven en corporaciones como la Policía Ministerial del Estado (PME), la Policía Federal Ministerial (PFM), además de otros deshonestos funcionarios tanto del municipio como de la Secretaría de Salud, con un simple fin: extorsionar.
Amigo lector, qué pensaría usted si le comentara que el mismo Departamento de Normatividad del municipio ha sentido la “presión” de un miembro del crimen organizado, en las propias oficinas del director, para amenazarlo porque se le ocurrió cerrar unas casas de masajes que “regenteaba”.
Este personaje y otros más se movilizan en el oscuro mundo del hampa, colocan oficinas disfrazadas de despachos jurídicos en zonas ostentosas para dar “la finta” de legalidad y desde ahí planean y ejecutan visitas amenazantes para los dueños de negocios de “giros negros”, a quienes les imponen cuotas mensuales.
Curiosamente quienes no las cumplen luego son blanco de operativos donde participan corporaciones policíacas, con detenidos y todo el glamour de conferencias de prensa, para que los demás aprehendan a que deben de respetar a la “línea de tratantes de blancas”.
La historia no tiene pierde, quienes han sido chantajeados decidieron romper el silencio.

Julio César Oliver, el ejecutor
De los oscuros personajes que se mueven en las noches de impunidad se encuentra Julio César Oliver, quien se hace llamar el subcoordinador del Comercio Establecido, quien cuenta con una cartera de “benefactores” a quienes a través de una dádiva económica les permite violar horarios de cierre y todas las normas municipales.
Entre sus beneficiados se encuentra un Tony Franco, socio del Cabaret Ejecutivos y dueño del Royal, donde de manera extraña no ocurre un solo operativo o el mismo Saredey, donde el señor puede tomarse lo que guste y llevarse a la mujer que se le antoje, todo gratis, porque la dueña se encuentra en las listas de su parentela.
Sobre todas estas calamidades que le acabo de comentar existe una carta de afectados que en la próxima entrega le voy a presentar.

El correo de los muertos
Réplica de la PGJ a la carta enviada por personal de la Ministerial
“A partir de la presente administración estatal, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) hace un gran esfuerzo para que el personal sustantivo cubra los requisitos de formación académica que establece la ley. En próximos meses lo anterior será un elemento obligatorio para la permanencia al interior de la institución.
”Con referencia a lo publicado en la columna ‘Porque los Muertos Corren Rápido’, del 1 de febrero del año en curso, que cita textualmente: ‘hablando de violación de derechos…’, me permito comentarle lo siguiente:
”La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expedida por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, en su artículo 88 establece que la permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en dicha Ley para continuar en el servicio activo de las instituciones policiales.
”Por lo anterior, la PGJ ha implementado el programa ‘Nivelación Académica’, cuyo objetivo es apoyar a los elementos de la Policía Ministerial para que acrediten el nivel de estudios que se requieren de acuerdo a la Ley, bajo los siguientes procedimientos:
”Convenio con la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla (Unides) mediante el cual los elementos tienen la oportunidad de cursar la carrera de Técnico Superior Universitario en Sistema Jurídico Mexicano.
”La PGJ cubre el 33 por ciento de los pagos que corresponden a las mensualidades que incluye el programa; es decir, los elementos de la Policía Ministerial sólo pagan $183.00 mensuales.
”A la fecha, un total de 245 elementos conforman la primera generación y en próximos días iniciará la segunda generación en la que ya están inscritos 48 elementos.
”En el Instituto de Capacitación y Profesionalización de la PGJ se imparte la carrera ‘Técnico Superior Universitario en Investigación Policial’, que es reconocida por la SEP, en la cual actualmente un total de 31 elementos cursan el tercer trimestre, sin costo alguno.
”Se han abierto gratuitamente a los elementos policiales cursos propedéuticos para presentar el examen general de acreditación del nivel Técnico Superior Universitario como Policía Investigador, que oferta el Ceneval.
”Actualmente se imparte un curso propedéutico en el que participan 23 policías a los cuales el 26 del presente mes y año el Ceneval les aplicará el examen de nivelación académica. Si lo aprueban obtendrán su título de Técnico Superior Universitario con el grado de educación requerido.
”Sin embargo, no es suficiente sólo cursar y concluir los estudios obligados conforme lo referido y a lo que están obligados los elementos de la Policía Ministerial, sino acreditarlos legalmente conforme al artículo 93 de la Ley de Educación Pública del Estado de Puebla.
”En consecuencia, la enseñanza superior debe acreditarse con los documentos idóneos expedidos por la autoridad competente, así como la cédula profesional; de otra manera, la exigencia de contar con la enseñanza superior no será acreditable con carta de pasante o certificado simple.
”A fin de no sin afectar su ingreso laboral, la Procuraduría General de Justicia apoya de forma económica a los elementos que han concluido su nivelación académica para que puedan obtener el título y la cédula que representan último paso de la nivelación académica obligada por Ley.
”En un esfuerzo sin precedentes, la Procuraduría de Justicia no sólo busca que su personal cumpla con las normas establecidas por la Ley, sino también se muestra solidaria con los elementos de la Policía Ministerial para impulsar su desarrollo profesional y personal, lo que a su vez se convierte en una importante herramienta para conformar una policía debidamente preparada y capaz de responder satisfactoriamente a las altas exigencias de la sociedad.
”Agradezco su atención y la publicación de la presente.”
”Lic. María Cristina Ortiz López
”Enlace de Comunicación del Área de Seguridad Pública y Procuración de Justicia”
Hasta aquí la carta.
Nos vemos cuando nos veamos.