María Eugenia Enríquez Reyes, alguna vez secretaría particular de la maestra Blanca Laura Villeda, excoordinadora de las agencias del Ministerio Público de la Zona Poniente de Puebla, esperó más de tres años para enfrentar a la justicia federal y la mañana del jueves 12 de mayo se entregó en las instalaciones del Poder Judicial federal en Puebla, aún a sabiendas que dicho trámite lo debió haber hecho en la Delegación Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR), donde está su orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.
Enrique Reyes no llegó sola, lo hizo acompañada de Layda Sansores San Román, candidata del Movimiento Progresista a la senaduría por Campeche y productora ejecutiva del documental Presunto Culpable, además de periodistas, presuntamente con la intención de emular al actor principal de la película, quien fue acusado de un homicidio que no cometió en espera de rendir su declaración preparatoria y ser exonerada de inmediato.
Bajo el brazo la exfuncionaria de varias administraciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no sólo llevó a la candidata, a los periodistas, sino también una acusación formal contra el exprocurador Rodolfo Igor Archundia Sierra y del exsubprocurador Víctor Pérez Dorantes, quien también fue director de la antes Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto (DADAI), quien el viernes 15 de agosto de 2008 estuvo a punto de ser asesinado por un grupo de “Zetas” que presuntamente le pagaban 50 mil pesos mensuales a la abogada.
María Eugenia dijo a los reporteros que ella fue víctima de los dos exfuncionarios, que los cargos en su contra fueron inventados para vincularla con el crimen organizado, pero no dijo por qué las declaraciones que existen en su contra no fueron radicadas en la PGJ de Puebla, sino en la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde fue solicitada la orden de aprehensión en su contra, orden que se encuentra vigente en todo el país.
Además de María Eugenia, la SIEDO le sigue la pista a dos excomandantes de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE) adscritos a los grupos de robo de vehículos y de Izúcar de Matamoros; el primero también habría cobrado sobornos de 50 mil pesos para dar paso directo a los vehículos de los “Zetas” y el segundo, para permitir el ingreso de la organización en la zona de Matamoros.
De María Eugenia Enríquez Reyes se dijo que ella se encargaría de coordinar para la “compañía” la zona de las dos Cholulas.

María Eugenia comenzó a rodar Presunto Culpable II
María Eugenia Enríquez Reyes llegó con cámaras y reflectores a las instalaciones del Poder Judicial federal; lo hizo acompañada de Layda Sansores San Román, de su familia y de reporteros.
Sabedora que en el edificio que se ubica en la zona del Angelópolis solo existe una guardia no federal, además de que son juzgados, se anunció en la recepción como una mujer buscada por la justicia que iba a entregarse y aprovechó el tiempo de espera para acusar a su exjefes como quienes “le cargaron los delitos federales”.
Esperaba que en ese mismo lugar rindiera declaración pero contrario a eso la exfuncionaria fue trasladada a una de las oficinas donde fue aprehendida por agentes federales quienes la trasladaron primero a las instalaciones de la PGR, donde debió haberse entregado y después fue llevada a las instalaciones del penal de San Miguel.
En un lapso de 72 horas la exdirectora del Ministerio Público de la Zona Poniente de Puebla conocerá su situación legal.

Preguntas inconclusas.
¿Porque María Eugenia Enríquez tardó más de tres años para entregarse?
¿Cuál será el acuerdo que le prometieron para regresar contra quienes eran sus jefes?
¿Dónde están los otros dos comandantes implicados en crimen organizado?
Nos vemos cuando nos veamos.