En la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cayó la apelación a la sentencia contra los exelementos de la otrora Policía Judicial del Estado (PJE) José Días Salinas, Edgar Rolando Contreras Chang y José Carlos López Quiterio a 36 —los dos primeros— y 41 años de prisión —el último— dictados por el juez Primero de lo Penal por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad de quien en vida se llamó Ricardo Ramírez Rodríguez y por secuestro, en agravio del empresario Antonio Ramírez Rodríguez.
Los tres sentenciados se inconformaron con la pena privativa de la libertad en su contra y a través de sus abogados, María Eva Josefina Lozada Carmona y Pedro Eduardo Padilla Plascencia, solicitaron otra revisión. El caso quedó en la toca 642/2012 de la Tercera Sala de lo Penal, donde los magistrados son Manuel N. Ríos Torres, Margarita Gayoso Ponce y Fernando Humberto Rosales Bretón.
Como consecuencia, el jueves 11 de octubre a las 14:00 horas se celebró la audiencia de vista en segunda instancia, donde los sentenciados presentaron pruebas que podrían ser para que la pena que les fue impuesta disminuya, aunque también puede ocurrir que aumente. Según los tres internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, desde el mes de marzo de 2008 la sentencia de culpables no debió de haber sido dictada en su contra; de hecho, se dijo que los mismos exagentes quieren demostrar que no son ellos a los que la ley debería castigar.
Los detalles de la audiencia por el momento no fueron revelados, pero con éstos inicia un compás de espera que podría durar de tres a cuatro meses, si no es que más, para que los magistrados analicen la inconformidad y resuelvan si fue acertada la determinación del juez Penal al caso radicado en el proceso 047/2008 o si es necesaria una modificación que podría beneficiar o afectar a los detenidos.

Reto a la justicia
Le comentó que en Puebla y en todo el país actualmente se sanciona con más rigor a servidores públicos que llegan a cometer delitos bajo el amparo de sus cargos, sobre todo los que se encargan de resguardar la seguridad de los ciudadanos o perseguir delitos.
El hecho de que una sanción privativa de la libertad sea más estricta contra quienes trabajando en el servicio público cometen un delito es porque se trata de gente que ha recibido capacitación, que ha sido dotada de armas, vehículos y todo lo necesario para proteger a la sociedad y que se han valido de todo esto para perpetrar delitos en muchos casos graves como el secuestro y el homicidio.
En entregas pasadas le comente que la sentencia impuesta por el juez Primero de lo Penal en contra de los tres exagentes de la desaparecida PJE era demasiado benévola, considerando las penas de cárcel que existen en el estado de Puebla para quienes cometen delitos graves como el secuestro y el homicidio. La pena máxima para el delito de homicidio es de 50 años de prisión y es doble para quienes son servidores públicos, lo mismo pasa en el secuestro considerando que en nuestro estado la pena aumenta a 70 años cuando la víctima es menor de edad, adulto o presenta alguna enfermedad, y en el caso del empresario Antonio Ramírez Rodríguez éste se encontraba bajo tratamiento médico especial cuando fue secuestrado el 31 de enero de 2008.
José Días Salinas, Edgar Rolando Contreras Chang y José Carlos López Quiterio se arriesgan a que la sentencia que les fue impuesta aumente, sobre todo porque eran servidores públicos adscritos a uno de los grupos especiales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) cuando se les ocurrió secuestrar a dos hermanos empresarios: a uno lo asesinaron y el segundo se salvó por suerte. Éstos mismos fueron protegidos por una procuradora de justicia y después por su sucesor; están presos debido a que el sobreviviente de los abusos y los excesos no ha quitado “el dedo del renglón” —que se haga justicia—, quien durante la administración pasada navegó contra corriente y ahora espera que se enderecen los entuertos y que a estos malos servidores públicos no se les permita salir libres.
Otro punto más en contra de los tres sentenciados es que en la Tercera Sala de lo Penal del TSJ no les van a valer ni sus recomendaciones ni los “padrino” que todavía les quedan.
Se va a aplicar la justicia ni más ni menos.

Los que faltan por ser llamados a cuentas
En las filas de la otrora PJE, actualmente Ministerial, se rumora que faltan por lo menos tres implicados más en lo ocurrido a los hermanos Ramírez Rodríguez.
Un jefe de grupo, de apellidos Bazán; el agente placa 127, de nombre Juan Carlos López y un excomandante, Gabriel Gaspariano Mora, van a ser llamados a cuentas.
Además de que faltan un exagente del Ministerio Público, una exdirectora de Averiguaciones Previas, una exprocuradora, un exprocurador y otros más.
Nos vemos cuando nos veamos.