El próximo 31 de enero del 2013 se van a cumplir cinco años de un asesinato, con todas las agravantes, cometido por personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), adscritos a la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE), protegido por la entonces procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, por el subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Rodolfo Igor Archundia Sierra, con la complicidad de Rocío Montero Serrano, cuando era directora de Averiguaciones Previas, además de José Gaspariano, subdirector Operativo de la PJE y de otros implicados más.
Antes de que se cumpla esa fecha el saldo de un crimen ocurrido en el interior del derruido edificio de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), de la 31 Oriente y bulevar 5 de Mayo, es la condena penal a los autores materiales del crimen y secuestro, José Díaz Salidas, Edgar Rolando Contreras Chang y José Carlos López Quiterio, a 36 años de prisión los dos primeros y el último a 41, dictados en el Juzgado Primero de lo Penal y que actualmente se estudian en la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), luego de que los sentenciados presentaron su apelación.
Todos los demás implicados en el abuso de autoridad no han sido llamados a cuentas por un hecho muy simple, la Procuraduría General de Justicia (PGJ), mantiene archivada la investigación que implica a funcionarios de la dependencia, de la administración pasada, en un hecho donde podría decirse incurrieron en asociación delictuosa, porque se organizaron para ocultar un delito grave y se valieron de todos los recursos “oficiales” para perpetrar el encubrimiento, del que incluso fueron testigos diputados locales, de la anterior legislatura.
La Comisión de los Derechos Humanos de igual forma encubrió un crimen digno películas mexicanas modernistas. De hecho la actual comisión ni siquiera se ha preocupado por desempolvar la queja presentada por un secuestro, perorado por agentes de la Policía Judicial en activo, donde la “casa de seguridad” fueron los separos del edificio de la PGJ, donde los implicados ostentaban cargos públicos y donde el castigo para los autores materiales fue realmente benignos, tomando en consideración que muchas veces se ha dicho que el castigo para los servidores públicos que cometen un delito debe de ser doble.
Así las cosas, a cinco años del secuestro y asesinato del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez, de 32 años de edad y del secuestro del empresario Antonio Ramírez Rodríguez, los autores materiales, los que encubrieron e incluso intentaron ensuciar la reputación de la primera de las víctimas, no sólo siguen en la impunidad sino que además ostentan cargos de servidores públicos, cuando queda demostrado una baja calidad moral.

¿Dónde está Carrancá?
Está procuraduría tiene la obligación de sacar del basurero la investigación por la muerte de Ricardo y el secuestro de su hermano Antonio y de llamar a todos a cuentas, por un solo hecho, el delito de homicidio calificado prescribe a los 50 años y sólo han pasado cinco, los responsables deben de ser llamados a cuentas, todos los que estuvieron implicados, no debe aplicarse el dicho que “el hilo se rompe por lo más delgado”.
No se debe premiar a quienes encubrieron un delito, malversaron los recursos de una institución de justicia para manchar la imagen de un hombre muerto a manos de policías.
Nos vemos cuando nos veamos.