No está usted para enterarse ni un servidor para comentárselo pero durante la administración de don Carlos Antonio Carrancá Bourget, nuestro procurador de Justicia, fue ascendida como comandante de la Policía Ministerial del Estado (PME), Verónica Chávez Cruz, a quien dejaron al frente de la Segunda Comandancia.
Chávez Cruz es la misma funcionaria que ha sido señalada por sus compañeros de contar con privilegios como los de utilizar vehículos oficiales para su uso personal, además de otras irregularidades.
El nombre de esta comandante no tendría ninguna importancia sino se analiza el motivo de su ascenso y no es otra cosa que esta agente participó en diciembre del 2005, en la detención y actos de tortura de la periodista Lydia Cacho, por lo que incluso tendría una orden de aprehensión pendiente.
La agente, tras la detención de la periodista fue “condecorada” con un ascenso a jefe de grupo, actualmente la hicieron comandante, sin ningún concurso de oposición.
Si usted recuerda nuestro actual gobernador siempre dijo y ha dicho que si se salió del PRI no es que le “jugaron pesado” en la política sino porque no le gustó lo que le ocurrió a Lydia Cacho y ¿luego entonces?
¿Premio o castigo?
Dejan libre a mujer con vehículo robado
El jefe de grupo Fernando Abad de Jesús, así como los agentes 322 y 358, adscritos a la comandancia de Esperanza, habrían dejado en libertad a una mujer identificada con el nombre de Silvia Merino Andrade, a quien antes estos mismos detuvieron en poder de un vehículo reportado como robado.
El caso que corresponde a un delito grave, ocurrió el lunes 28 de enero, a las 15:00 horas, cuando los tres agentes detuvieron a Merino Andrade en la población de San Antonio Soledad, cuando conducía la camioneta placas MBT2712 y al darse cuenta que tenía reporte de robo la trasladaron a las oficinas de su comandancia, donde presuntamente la mujer se puso mal porque le bajó la presión.
De la misma comandancia salió una llamada de auxilio al 066, a los pocos minutos llegó el paramédico Oswaldo Reyes Ojeda, quien atendió a la mujer, luego se esperaba que la presentaran ante el Ministerio Público o que por lo menos informaran que la mujer había sido internada en un hospital pero no fue así, la camioneta la presentaron como vehículo abandonado.
El acto de “caballerosidad” constituye un delito que debe ser investigado a fondo, sobre todo porque no tiene muchos días que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), reconoció que en Puebla el crimen organizado roba vehículos para abastecer a sus grupos de unidades y en Esperanza podría estar operando una de estas células criminales.
Sombrerazos y amenazas en la Visitaduría General
La reunión duró unas tres horas, sin importar si se atendía a la ciudadanía o no, Celia del Carmen Solís y Macías, reunió de inmediato a todo el personal, tras la columna de Porque los muertos del miércoles 6 de febrero, estaba totalmente alterada.
No los bajó de “envidiosos”, “canallas” y les dijo que ahora sí “se los iba a chingar bonito”, amén de que ya había tenido una plática con el reportero (sic).
En parte de la reunión un sujeto identificado con el nombre de Arnulfo Meza Delgado, exdirector de la Unidad de Control y Seguimiento de la desaparecida Policía Judicial del Estado, cuando era director Manuel Méndez Marín, prometió que buscaría al reportero para “romperle la madre” (sic). Ups.
Por lo mismo llegó otra carta más, su contendido es casi lo mismo que la primera, solo resaltan los nombramientos de los funcionarios traídos del Distrito Federal.
De la segunda carta:
“No me queda duda además que el personal de las más altas esferas de la Procuraduría General de Justicia hoy en día en la administración de Rafael Moreno Valle, son gente que viene del exterior a quitar espacios de trabajo a gente de Puebla, empezando por el procurador general de Justicia Víctor Carrancá Bourget, después el director de la Policía Ministerial, Juan Luis Galán Ruiz, que ni es abogado y carece de título, así como Rodolfo Alejandro Alducin Flores, secretario general de la PGJ, Benjamín Albores Manzo de la Dirección de Delitos Cometidos contra Servidores Públicos, Lauro Rafael de la Torre Panduro de la Ayudantía de Seguridad Institucional y altos funcionarios.
”Ofelia Urtuzuaztegui Sánchez de la Dirección de Mandamientos Judiciales, Margarita Guerra Tejeda de la Dirección de Derechos Humanos en la Procuraduría, Luz María Reyna Carrillo Fabela de la Dirección General de Servicios Periciales, Dayanara Elizabeth Monterrosas Rico de la Visitaduría de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Celia del Carmen Solís y Macías directora de la Visitaduria General y de su hijo Fernando Rosales Solís que está en la Dirección de Delitos de Alto Impacto como director también en un claro caso de nepotismo grave.
”Roberto García Velarde director de la Coordinación General Administrativa: todos los mencionados traídos del Distrito Federal, llenando por completo la Procuraduría de gente traída del Distrito Federal, sin contar que a su vez esta gente a ido llenando su oficinas, direcciones y áreas en general de más gente traída del Distrito Federal.”
Hasta aquí la carta.
Nos vemos cuando nos veamos.
Porque los muertos corren rápido