El lunes 25 de febrero la oficina del Gabinete de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) emitió el boletín de prensa 2557, donde anunció —antes del protocolario “!excelente tarde¡”— que a partir de ese día los boletines de Seguridad Pública Estatal omitirán los nombres y las fotografías de presuntos responsables.
Antes del singular aviso, los reporteros de policía seguramente estábamos “muy preocupados”; a cada instante “checabamos” los correos para saber cuándo iba a llegar el boletín de la SSPE, sobre todo donde se detallan las acciones de prevención del delito de la Policía Estatal Preventiva (PEP), con esos informes tan importantes de que detuvieron a un hombre en posesión de 10 cartuchos del calibre .22 o de aquel “peligroso” sujeto ebrio que en una de las calles de Huitzilac escandalizada con un arma de fuego.
La encargada de este gabinete fue muy clara y precisa: “recibimos órdenes”.
¿Quién habría ordenado que se cerrara el último reducto de poder del exsecretario Ardelio Vargas Fosado, cuya sombra aún contamina las filas de la Policía Preventiva?
Hasta antes de Vargas Fosado —lo debe recordar la jefa del gabinete, Cristina Ortiz, única sobreviviente marinista— la PEP realizaba sus acciones preventivas sin muchos aspavientos; fue don Ardelio quien cambió el sistema: como “quinceñera”, se baño de reflectores y flashes por cada detención que realizaban sus “muchachitos”.
A cualquier hora del día o de la madrugada citaba a los encargados de la fuente policíaca para detallarles detenciones de asaltantes, “narcomenudistas”, gente armada y no sólo les permitía que les tomaran fotografías, sino hasta que los entrevistaran.
Desde la llegada de Vargas Fosado una especie de maridaje convenció a muchos reporteros de que este hombre era el adecuado para los poblanos y anexas.
Hasta que se dieron cuenta que “la manzana estaba podrida”.

La prensa, “que chingue a su madre”
“Que chinguen a su madre” fueron las frases por radio de Vargas Fosado cuando, embestido el secretario de Seguridad Pública, el 23 de agosto de 2011 ordenó que les fueran confiscadas cámaras de video y de fotografía a periodistas que cubrieron el violento desalojo de campesinos del predio La Cieneguilla en Chignahuapan.
El 29 de mayo de 2012 otra agresión a periodistas fue en el municipio de Tlachichuca, cuando la PEP llegó al rescate de Isaac Alfredo Collantes Cabañas, delegado regional de la Secretaría General de Gobierno y hermano del presidente municipal Iván Collantes, a quien la población acusó de corrupto.
Isaac estaba amarrado a un poste, los “métodos de persuasión” de la PEP no deberían ser vistos por la sociedad y entonces Valentín Rojas, corresponsal del Sol de Puebla y Genaro Tun, corresponsal del noticiero de Javier López Díaz, fueron golpeados públicamente por los policías, además de que les robaron sus equipos de trabajo.
El 22 de octubre del 2012, los periodistas Gerardo Rojas y Jesse Brenan de e-consulta y Milenio fueron “levantados” por cuatro elementos de la PEP, dos de ellos del grupo de inteligencia de quien fuera director de la uniformada, Ricardo Ariel Vera Lira, durante el tiempo que los tuvieron privados de su libertad, los golpearon y les robaron todos sus valores, cuando se enteraron que eran periodistas el líder de los uniformados “malandros” dijo “a mí me vale madre, peor si lo son”.
Éstos y otros casos más de amenazas ocurrieron mientras que Ardelio Vargas “deshojaba la margarita” cada vez que percibía a periodistas y “casualmente” se les paraba de frente para “cacarear” triunfos, en una Puebla “de opio” sumergida en una “tranquilidad que da estar por debajo de la media nacional”.

Al caño, 15 minutos de gloria
Al ahora exsecretario Ardelio se le acabaron sus “15 minutos de gloria”; primero su “grupo de inteligencia” que le proporcionó las principales columnas en diarios y noticieros se les acabó la imaginación… o mejor dicho, a sus “soplones” se les terminaron sus informes de direcciones, alias, claves, nombres de delincuentes que operaban en Puebla y entonces no pudieron presentar más detenidos.
Este mismo grupo tuvo que ser desmantelado porque la mayoría de sus integrantes se vio involucrado en secuestros, “levantones”, extorsiones y asaltos en agravio de la sociedad, casos que están debidamente documentados en la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Las historias de corrupción, encapsuladas en averiguaciones previas, detallan cómo los policías “inteligentes” primero detenían a un “narcomenudista” y en algunos casos hasta le “sembraban droga”; ya detenido, a disposición del Ministerio Público, saqueaban su casa y se llevaban todo lo que encontraran de valor, amenazando y golpeando a sus moradores.
Estos policías tenían una consigna: “un detenido, un negociado”, es decir, de los datos que les proporcionan sus “soplones” o “dedos”, formados por viciosos o por los mismos policías, a quienes les pagaban con lo confiscado, un caso era remitido ante las autoridades y otro negociado. Les “llovió mucho dinero”.
Al terminarse quien delatara delincuentes entonces los uniformados disminuyeron totalmente sus actividades, todavía era secretario Ardelio Vargas cuando las cuentas no salieron y entonces “el flamante secretario” se fue a “enchinchar a otra parte”.

Y vino la debacle
El sábado 16 de febrero el Gabinete de Comunicación Estratégica emitió un boletín que indicaba la detención de Luis Alemán Segrero de 55 años de edad, Gabriel Gutiérrez Rodríguez de 32 y Celso González Lara de 55, a quienes ubicaron en la calle Andador Diagonal de la 32 Sur, de la colonia Alseseca, cuando circulaban a bordo de un SEAT Ibiza gris, con placas de circulación TUF8153 de Puebla, con un rifle de asalto y cinco armas cortas.
“Alguien” les jaló las orejas y la misma oficina trató de que el reporte no saliera a la luz pública pero no pudieron.
La consecuencia es casi más que lógica, “a partir de ese día los boletines de Seguridad Pública Estatal omitirán los nombres y las fotografías de presuntos responsables”.
¿Quiénes son esos siniestros personajes?
¿Por qué el castigo a la prensa?
Nos vemos cuando nos veamos.