Sin un debate claro, profundo y público, los legisladores locales avalaron la ley que faculta a los agentes de las instituciones policiales de Puebla a ejercer la fuerza letal, en sus distintas modalidades, en contra de la población.
Para diversas organizaciones sociales la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado” favorece la violación a los derechos humanos en la entidad.
El gobierno morenovallista antepone el uso de la fuerza a la conciliación y al diálogo para acallar las voces disidentes.
Durante los más de tres años de gobierno la estrategia para retener el control político del estado ha sido el uso de la fuerza para provocar temor.
El encarcelamiento a los opositores ha sido la constante. Desde presidentes municipales como el de Acatzingo y diputados locales hasta dirigentes de partido y sociales.
Incluso, hoy, Intolerancia Diario lleva en su portada un recuento de la pugna que mantiene con los panistas de viejo cuño. Ana Teresa Aranda y Francisco Fraile han sido victimas de la persecución morenovellista. Ya son cinco años de golpeteo y lejos de buscar el diálogo y la negociación los deja fuera de la operación cicatriz panista.
En 2009, durante el proceso interno del PAN, Ana Teresa descalificó al gobernador, le cuestionó su origen priista y su paso por la Secretaría de Finanzas. “La Doña” revivió el tema del “hoyo financiero”.
Dos años después, ya en el poder, el morenovallismo utilizó a la Procuraduría General de Justicia como “garrote político”. Aranda Orozco denunció esa maniobra luego de la detención del exalcalde de Palmar de Bravo, Pedro Barojas de Rosas, afín a su grupo político.
En esa ocasión, Ana Teresa Aranda, evidenció la “forma burda” en la que el gobierno pretende resolver conflictos.
El caso más reciente es el encarcelamiento de los líderes sociales y ambientalistas que se oponen a la instalación de gasoducto Morelos.
El morenovallismo primero los encarceló y luego trató de convencerlos de las bondades de la obra que encabeza la CFE.
Debido a esto, por lo menos unas 12 de organización civiles mantienen su indignación y rechazo al gobierno estatal. Es evidente que la preocupación del ejecutivo poblano es la de desmantelar los movimientos que surgieron contra la explotación minera en la Sierra Norte de Puebla, presas hidroeléctricas y gasoductos, pero también busca diluir las manifestaciones que busquen cuestionar el statu quo actual.