¿Usted podría creer que una orden de aprehensión, cuando es asignada para su cumplimiento a alguna comandancia de la Policía Ministerial Estatal, no pasa por un “filtro” para que se analice si le dan cumplimiento o no, tomando en cuenta compromisos económicos, políticos o de otra índole?
Un servidor realmente no lo cree.
Actualmente opera en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) un departamento que funciona como revisor tanto de la consignación de averiguaciones previas —de todos los delitos— como de las ordenes de presentación, aprehensión o cualquier mandato emitido por una autoridad calificada.
No me vengan con el cuento de que quienes se encargan de “calificar” este tipo de mandamientos no saben cómo y a quién se los está asignando.
Sobre todo porque todas estas órdenes —todas— significan ganancias extras o la “otra quincena”.
Se lo comentó porque la semana pasada el director de la Policía Ministerial, Juan Luis Galán Ruiz, arrestó y casi “fusila” a los agentes ministeriales que se les ocurrió aprehender al empresario textil Alejandro D. Artíguez, demandado por un fraude de 7 millones de pesos y quienes ya se lo llevaban “casi cargando” a la cárcel regional de Tehuacán, sino es que el director se entera o recibe la orden de regresarlo a la ciudad y de “taparle el ojo al macho”, argumentando que aquí también tenía otras investigaciones, ¿de qué?
La presión que ejercieron los medios de comunicación, los pocos, fue suficiente para que durante la primera hora de la madrugada del jueves pasado don Alejandro D. Artíguez ingresara al Cereso de Tehuacán y en una operación maratónica rindiera declaración preparatoria, ofreciera en pago sus dos empresas y luego quedara en libertad, antes de que ese mismo jueves culminara.
Esos si son juicios exprés; con “el poder de su tarjeta”, diría un comercial.
El caso es que esa orden de aprehensión, que debió haber tenido algún ínfimo reconocimiento, generó en castigo para los agentes ministeriales; hasta una agente del Ministerio Público fue enviada al “ostracismo” mientras se les pasa el coraje.
Y no faltó, tras el “pequeño escándalo”, que todo el equipo del procurador de justicia y del mismo departamento de Mandamientos de la Ministerial se lanzaran la “pelotita”, de “yo no sabía”, cuando la presunta intervención de un diputado local —el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, Francisco Rodríguez Álvarez, del Partido Acción Nacional— motivó que regresaran al empresario y le pidieran “perdón” por haberlo aprehendido.
Como si esta estrategia la utiliza la PGJ para quienes comenten fraudes de mucho menos montos, a éstos hasta los exhiben con foto y todo.
Ahora resulta que todas las órdenes de aprehensión —todas—, además de haber pasado por los “filtros” que le comenté, tienen que ser informadas y revisadas por el director de los ministeriales, para que no ocurran “errores” que afecten a la “gente bonita”.
Si usted piensa que los agentes que aprehendieron al empresario D. Artíguez llevaban la intención de “solo cumplir con su deber”, déjeme comentarle que no, esa orden y muchas otras —todas— tienen un costo, que varía según el personaje y el delito.
Las órdenes de aprehensión son los negocios más fructíferos de abogados, ministeriales, secretarios, jueces, es lo que activa la economía subterránea de quienes administran justicia.
Una orden de aprehensión por fraude es más costosa que la de un homicidio, generalmente los abogados las cobran por porcentajes de la “deuda principal” y de ahí se reparte a todos los que participaron en su cumplimiento, “hasta los comandantes que designan quien se la iba a ejecutar”, incluso ellos mismos.
Y es que un homicida no paga dinero para quedar libre, paga con cárcel.
La otras órdenes que también cuestan son las de abuso de confianza y todas las de delitos conocidos como de “cuello blanco”; luego, las más importantes que importan a la sociedad, como secuestro, homicidio, extorsión, robo calificado, de vehículos, las que no se discuten solo se ejecutan, salvo excepciones que se califican como “corrupción”.
¿A Miguel Jiménez, el hermano de la diputada federal Blanca Jiménez, le pidieron perdón cuando lo aprehendieron por delincuencia organizada?
¿Castigaron a los aprehensores?
Nos vemos cuando nos veamos.