Fue hace más de dos años —17 de mayo de 2012— cuando el morenovallismo se apoderó sin escrúpulo alguno del control del Instituto Electoral del Estado. Ese día el Congreso del estado consumó la imposición de Miguel David Jiménez como secretario ejecutivo del IEE, como director jurídico a Javier Trejo Lara y en la Unidad de Fiscalización a Dalhel Lara Gómez. El plan del morenovallismo era que los tres funcionarios durarían en el cargo siete años. Hoy, dos años despuésm tienen las horas contadas.
En ese entonces, José Alarcón Hernández, representante del PRI, con su salomónica ironía, exhibió la ausencia de criterios del consejero presidente Jorge Sánchez Morales para la presentación de la terna a la Secretaría Ejecutiva del instituto, nueva posición en el organigrama que concentra las funciones de la Dirección General y de la Secretaría General.
Al veto incisivo de José Alarcón se sumó la crítica del representante de Movimiento Ciudadano, José Luis Blancarte. Ensimismado en su Código Electoral, el consejero presidente no mudó su comportamiento o al menos se contuvo ante la andanada de críticas por la conformación de la terna. A las críticas también se sumaron los representantes del PRD y del PAN.
A pesar de los cuestionamientos de los representantes de los partidos políticos, los consejeros electorales designaron de manera unánime a los nuevos funcionarios del Instituto Estatal Electoral.
Como lo ha documentado Intolerancia Diario, en las elecciones locales del año pasado los funcionarios electorales impuestos por el morenovallismo cuidaron a carta cabal los intereses del grupo en el poder.
Hoy, el control empieza a desmoronarse. 
Y se avecina una nueva pugna por el control del organismo electoral.
A decir del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, en la renovación del consejo electoral local, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo intervendrán en el nombramiento. Lo hará de manera directa el consejo general del Instituto Nacional de Elecciones.
La renovación del consejo electoral de Puebla tendrá ahora siete consejeros y su nombramiento será facultad exclusiva del consejo general del INE.
Eso está por verse. La tentación es grande.
Y aún más, Puebla deberá contar con una nueva legislación que regule los procesos electorales. Tendrá que homologar las leyes electorales con la federal. Y en ese sentido, las candidaturas comunes no podrán ir de manera conjunta con las coaliciones, como sucedió en el pasado proceso electoral, lo que generó acciones de inequidad.