Un hombre que se dedica a la venta y reparto de leche fue asaltado, en algún punto del municipio de Tepeaca, por sujetos armados -presuntos chupaductos- que lo despojaron de su camioneta.

El asalto fue a las 3 horas.

A las 12 horas los cuerpos de seguridad recibieron el reporte y quiso la causalidad que la Policía Municipal de Tepeaca detectara la camioneta circulando y tras una breve persecución, la unidad fue recuperada y el conductor detenido.

¿Bendito Dios?

El caso que le comento cayó en el Ministerio Público de Tepeaca, donde se encuentra adscrito Celerino Salgado González.

La Policía Municipal de Tepeaca por alguna razón que usted y un servidor desconocemos, puso a disposición al sospechoso hasta las 20 horas, es decir, 8 horas después.

‎La camioneta recuperada fue arrastrada por una grúa que pertenece a la empresa Bolaños, que tiene la preferencia, también por alguna razón extraña, para este tipo de menesteres.

El caso de Tepeaca pasó a la Fiscalía en Flagrancia donde el fiscal, Pedro Soriano Varela, los recibió hasta las 22 horas y además estaba molesto y sin más le dijo al afectado por robo y a su abogado que iba a liberar al detenido porque ‎presentaba golpes, que decía fueron proporcionados por los policías que lo detuvieron.

El fiscal les dijo que deberían levantar otra carpeta por las lesiones del detenido.

Pero el afectado y su abogado le dijeron que era a ellos a quienes correspondía realizar dicha tarea.

Le comento que este sospechoso de robo no pasó ni dos días detenido y la devolución de la unidad robada le costó al afectado más de dos meses de espera.

Pero aún hay más.

Este fiscal le dijo al afectado que había encontrado irregularidades en la Carpeta de Investigación 249/2016/TEPEACA, y para "hacerse de la vista gorda", es decir, para no voltearle el caso, debería entregarle 2 mil 500 pesos. Y así ocurrió.

‎Al transcurrir más de dos meses del robo, la Fiscalía finamente emitió el oficio de liberación.

Fue donde el afectado y su abogado se enteraron que había que pagar a Grúas Bolaños, la que hizo el arrastre del vehículo, la cantidad de 16 mil 800 pesos.

Entonces acudieron al encierro que se ubica cerca del Cereso, pero les dijeron que la camioneta no estaba ahí, que "otras grúas" se la habían llevado al encierro de San Jerónimo Caleras.

Es decir, más dinero, porque tuvieron que pagar otros 4 mil 500 pesos por ese arrastre, más 3 mil 800 pesos por el piso del encierro.

Cuando ya estaba lista la unidad para que fuera entregada, los policías auxiliares que estaban de guardia les dijeron que los botes de leche que llevaba en la parte trasera no se los iba a entregar "porque no estaban en el inventario".

La batería de la unidad, que era nueva, se las cambiaron por otra inservible.

Al final el afectado tuvo que pagar la suma de 35 mil pesos por la devolución de su unidad.

El delincuente que lo asaltó quedó en libertad.

Y ese amargo sabor de boca que le dejó el Nuevo Sistema Penal y la corrosión que existe en la Fiscalía General del Estado (FGE), aún no se lo quita.

Revés a la FGE y al gobierno de Puebla

Nicolás Machorro Contreras, un estudioso abogado, con todas las maestrías que se pueda imaginar, le ganó un caso laboral a la Fiscalía General del Estado.

Con más de 25 años de servicio ininterrumpido en las filas de lo que fue la Procuraduría General de Justicia ‎(PGJ), Machorro Contreras fue despedido de manera injustificada, luego de que se negara a prestarse a trabajos indebidos.

Finalmente, el fallo favorece al abogado, quien solo emprendió su lucha y solo logró el triunfo.

Felicidades.

Nos vemos cuando nos veamos.