La Fiscalía General del Estado (FGE), por complicidad, negligencia o por sus mismas polainas, ha entorpecido las investigaciones del caso del empresario Jorge Aduna Villavicencio, acusado por la desaparición de 6 hombres, ocurrida entre los meses de noviembre y diciembre de 2015.

La serie de pruebas que la Fiscalía presentó, a través de la Fiscalía de Secuestros e Investigaciones de Delincuencia Organizada (Seido), todas y cada una de ellas fueron desechadas por el Segundo Tribunal Colegiado Penal del Sexto Circuito, y aun así, el empresario continúa preso en el Cereso de San Miguel.

Ante tantos abusos, los abogados del empresario Aduna no solo han emprendido acciones legales contra el juez Cuarto de lo Penal, quien se pasó “por el arco del triunfo” la decisión unánime del Tribunal Colegiado, donde le ordenan echar por tierra el auto de formal prisión que dictó y que diera otra resolución, que debería de ser la libertad.

Pero no solo los abogados de Aduna van contra el juez Cuarto, sino contra otros implicados en casos de abusos por tortura, secuestro y un sinfín de delitos, todo con tal de seguir fortaleciendo el chalequito que le armaron ‎para responsabilizarlo de la desaparición de 6 hombres, además de que aumentaron delitos.

Uno de los acusados de estos abusos, de las quejas que en su momento fueron enviadas por los abogados de Aduna a la Fiscalía de Servidores Públicos, es el agente investigador José Luis Sánchez León, quien se encuentra adscrito a la Fiscalía de Investigación de Secuestros.

El agente Daniel Luna Herrerán fue acusado por delitos contra la administración y procuración de justicia.

El agente Renato Rojas Morales, quien confesó en interrogatorio del 25 de abril de 2016, en el Juzgado Cuarto de lo Penal, que él y sus compañeros de la FISDAI habían levantado a Antonio Cantú García y a Guadalupe Martínez Sánchez, implicados en el caso Aduna, quienes además fueron torturados.

Al agente del Ministerio Público, Juan Carlos Arizmendi Salazar, adscrito al Juzgado Cuarto de Penal.

Al licenciado Jesús Ambriz Morales, quien alteró folios de expedientes y constancia de los mismos.

Otra denuncia, esta por falsedad en las declaraciones.

Además de otra denuncia más por falsedad en declaraciones judiciales en contra del agente del Ministerio Público, Fernando Vázquez Escalona, adscrito a la FISDAI.

Todas estas quejas y denuncias de las irregularidades con las que se ha conducido la FGE servirán para que sea esclarecido en su totalidad, cómo operó la FISDAI para "aclarar" un delito de alto impacto.

Nos vemos cuando nos veamos.