El rencor en contra de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tiraron el “Decretazo” quedó de manifiesto ayer por la mañana cuando el Presidente Andrés Manuel anunció la nueva embestida, perdón, la nueva iniciativa.
El inquilino de Palacio Nacional retomó sus palabras sobre la reforma electoral que propondrá en la Cámara Baja una vez concluido su capricho de la Consulta Popular.
En resumen, buscará que los consejeros del INE así como los integrantes del TEPJF sean electos en una votación abierta por el “pueblo bueno”.
La “oferta” se parece mucho, por no decir que es una burda copia, de lo que sucede en países antidemocráticos como Venezuela.
La idea de votar a consejeros y magistrados resultaría brutalmente costosa. Habría que perderle el amor cuando menos a 3 mil millones de pesos.
En caso de proceder la ideota presidencial, se repetiría la historia de la Revocación de Mandato:
La aprobaría Morena y sus rémoras.
Los candidatos serían los de AMLO.
Morena los avalaría.
Y cuando el INE les diga lo que va a costar, AMLO se tiraría al piso para quejarse de que es muy caro y que lo quieren boicotear.
Al costo financiero se sumará el desgaste ciudadano para una jornada electoral, donde definitivamente participarían los elegidos del Presidente, con lo cual desvirtuaría por completo el proyecto ciudadano que tantos años nos ha costado afianzar.
Es obvio que se convertiría en una elección con muy baja participación ciudadana y en donde la estructura del estado federal movería a sus votantes cautivos para apoderarse de las dos principales instituciones electorales del país.
De lograr que pasara su iniciativa, estaríamos condenados a volver a los tiempos de Echeverría y López Portillo, quien fue el candidato único en 1976, con elecciones organizadas por el Estado, donde los únicos con posibilidades de ganar serán los candidatos que el propio Andrés Manuel “destape”.
Esperemos que al tratarse de una reforma constitucional, la oposición se mantenga en un fuerte bloque, porque de lo contrario deberemos empezar a imaginarnos escenarios como el de 2024 en donde un personaje como Manuel Bartlett diga que la elección la ganó Morena, pero que no tenemos cifras porque se cayó el sistema.
Tras los reveses que Morena y el propio presidente ha tenido por parte del TEPJF, su sed de venganza es clara, por lo que buscará remover a los actuales e imponer magistrados, consejeros y así controlar las elecciones, sin importarle que con este atentado nuestra frágil democracia retroceda medio siglo.
¿Y la especialización?
Además de los gastos innecesarios, la parcialidad, el favoritismo y hasta la operación política que evidentemente se realizaría, hay un tema delicadisimo que no podemos obviar.
Los magistrados del TEPJF, avalados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han demostrado —al menos con papeles— que cuentan con una amplia experiencia en la materia electoral.
Abrir la elección de magistrados y consejeros a una votación conlleva el enorme riesgo de que sean los más populares quienes ostenten los cargos por 7 o 13 años y no los más calificados.
Ya sabemos que López Obrador está peleado con el conocimiento científico, pero arrastrarnos al oscurantismo no parece la mejor solución.
Ahora es cuando debemos defender las instituciones que nos han dado certeza, esas mismas que lo avalaron como presidente, aunque hoy las desconozca y trate, un día sí y otro también, de desaparecerlas.
P.D. La “pobre Jessi” cobra más de 100 mil pesos netos al mes y gracias a AMLO, seguirá libre.