El pasado 12 de septiembre publiqué en este espacio las intenciones del Ejecutivo de desaparecer el Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla. En su momento escribí:
La posibilidad de desaparecer al organismo descentralizado se encuentra latente en los proyectos del Ejecutivo quien tendría que enviar la propuesta del Congreso local, para que éste a su vez autorice la extinción del instituto.
El trámite jurídicamente no implica mayor problema para el gobernador Rafael Moreno Valle, pues nada le impide desaparecer al IAPEP. La medida lo obligaría a pagar las liquidaciones correspondientes a sus trabajadores, quienes a su vez no tendrán mejor opción que aceptar la decisión del mandatario o iniciar un juicio legal en su contra que por obvias razones estaría perdido desde su inicio.
Será en el próximo periodo de sesiones del Congreso del estado que inicia el 15 de octubre cuando los diputados reciban las modificaciones a la Ley Orgánica del Gobierno, entre las que destaca la desaparición del Instituto para la Asistencia Pública y los empleados con curul de Rafael Moreno Valle harán lo que Fernando Manzanilla ordene. Así, sin analizar, sin pensar, sin discutir ni ponerse en los zapatos de quienes saldrán perjudicados con los cambios.
No hay plazo que no se cumpla.
Este martes fue entregado a los diputados locales el nuevo paquete de iniciativas del Ejecutivo, en las que se incluye la extinción del IAPEP. Ayer el secretario general de Gobierno Fernando Manzanilla comió con los 41 diputados locales quienes sin chistar escucharon el planteamiento del brazo derecho del gobernador Rafael Moreno Valle.
Los legisladores deberán analizar y discutir las propuestas; sin embargo todo parece indicar que la mayoría serán aprobadas, pues queda claro que hasta la oposición trabaja por el mandatario. ¿O no, diputados priistas?
Respecto al asunto saltan algunas preguntas.
¿Pretenden privatizar la asistencia pública?
¿Dejarán las unidades productivas, como el Monte de Piedad, estacionamientos, la Exhacienda o las Farmacias IAPEP, a particulares?
¿Favorecerán a dos o tres grandes franquicias?
¿A dónde irán los pignorantes a empeñar sus pertenencias sin ser abusados por los altos intereses de las casas de empeño privadas?
¿Los integrantes del Patronato se quedarán callados?
¿Quién realizará las operaciones correspondientes para finiquitar a los trabajadores?  
Ojalá y los legisladores analicen bien la iniciativa del Ejecutivo, y no por quedar bien con Rafael Moreno Valle violenten la vulnerabilidad y economía de los más necesitados, pues hasta ahora el Instituto para la Asistencia Pública del Estado operó con bajo perfil, sin servir y alimentar la vanidad de los gobernantes en turno.

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